- Propone obligatoriedad en la ley para que tengan derecho a una defensa adecuada
- Los trabajadores que menos ganan, no cuentan con recursos económicos para contar con un abogado que los defienda
Mexicali, B. C., jueves 16 de octubre de 2014.- Debido a que muchos servidores públicos, principalmente quienes ganan poco salario, han perdido sus fuentes de trabajo por no contar con una defensa adecuada que los asista cuando se les cita como presuntos responsable de un delito, el diputado Roberto Dávalos Flores presentó una iniciativa para que este sector cuente con un defensor público de manera obligatoria.
Esta iniciativa con proyecto de decreto pretende modificar la fracción II del artículo 66 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
“No todos son expertos en el conocimiento de la ley, pues existen aquellos que además de su condición, no cuentan con recursos económicos para contratar a un abogado que los defienda”, dijo Dávalos Flores.
Aclaró que es un firme convencido de que todo servidor público que viole la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, se le aplique las sanciones conforme a lo que marca dicha ley.
Mencionó que su iniciativa va en el sentido de no pasar por alto que está de por medio el recurso de subsistencia del trabajador; el sustento familiar de una persona, a la que se le puede imponer como sanción desde la amonestación hasta una destitución o inhabilitación de su trabajo.
Señaló que los servidores públicos de niveles medios a bajos, han sido los más perjudicados por no llevar una defensa adecuada, y se ven afectados no sólo ellos, sino también sus hijos, la pareja, los padres, etcétera. “Inclusive pone en peligro la educación de sus hijos, quienes al no contar con un sustento económico, se ven forzados a abandonar los estudios”.
Expuso que, con esta reforma, se atendería la armonización de la ley de “principio pro persona” para adecuar la legislación local, respetando los derechos humanos de los individuos, toda vez que la modificación Constitucional en esta materia, que entró en vigor en el mes de junio de 2011, obliga al Estado mexicano a proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales.
