• Lo propuso el Dip. M. A. Novelo Osuna y fue aprobado por unanimidad

Mexicali, B. C. miércoles 26 de febrero de 2015.- El diputado Marco Antonio Novelo Osuna propuso que esta Soberanía exhorte al Jefe del Ejecutivo a fin de que se construya un centro de diagnóstico para adolescentes infractores en la región de San Quintín, municipio de Ensenada.

La propuesta fue presentada en la tribuna durante la sesión ordinaria celebrada este día, bajo la conducción del diputado Francisco Alcibíades García Lizardi, a nombre de las fracciones parlamentarias del PRI, del Partido Verde Ecologista de México, del Partido del Trabajo y del Partido Encuentro Social.

En la exposición de motivos, Novelo Osuna mencionó que la población de San Quintín asciende a cerca de 61 mil personas, pero sumadas con las otras dos delegaciones vecinas supera los 116 mil habitantes en dicha región.

Comentó que en reuniones de trabajo celebradas en la región de San Quintín con los diversos sectores de la comunidad y con las autoridades municipales se ha informado que existen índices alarmantes de delitos en esta zona.

Precisó que las principales denuncias que se reciben están relacionadas con violencia doméstica, robo a casa habitación y comercios, pero además se registran diariamente intentos de violación a  jovencitas que intentan tomar el transporte

Sin embargo –destacó- los casos no  se denuncian, únicamente se comentan por temor a las represalias de los atacantes que generalmente deambulan por las calles en grupos de pandillas, o grupos de delincuentes juveniles de entre 14 y 18 años, residentes de las colonias colindantes.

Para combatir este flagelo que afecta a los residentes de esa zona del sur de la Entidad, el diputado Novelo Osuna propuso que el Congreso local exhorte al gobernador Francisco Arturo Vega de la Madrid y al secretario de Seguridad Pública, Daniel de la Rosa Anaya, para que construya un Centro de Diagnóstico para Adolescentes Infractores, y que este funcione en coordinación interinstitucional con la Secretaría de Educación y Bienestar Social del Estado.

• Con esta iniciativa del Diputado Rodolfo Olimpo Hernández, el servidor público al  que se le compruebe  desvió recursos del erario, pagará económicamente  por el monto afectado.

Mexicali. B.C., a 26 de febrero del 2015.- Acabar con la impunidad y sancionar económicamente a los servidores públicos que afectan al erario de los bajacalifornianos, es la finalidad de la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual fue presentado hoy en el Pleno del Congreso del Estado, informó el diputado del Partido Encuentro Social (PES) en la XXI Legislatura, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez.

El legislador señaló que actualmente, Baja California cuenta con una legislación desfasada en este sentido, mientras que en otros estados de la república la reglamentación es más contemporánea a los tiempos que vive el país.

Explicó que la reforma pretende que cuando a través de los órganos de control y fiscalización se compruebe que un servidor público provocó un daño o perjuicio contra el erario público, éste pague económicamente por el daño hecho a la hacienda pública.

“La tendencia nacional, destaca que la mayoría de las entidades de fiscalización superior locales, tienen previstos en sus instrumentos normativos lo relativo a la responsabilidad resarcitoria y el procedimiento resarcitorio; desfasando esta situación a Baja California, en cuanto a la actualización de su marco legal de fiscalización, ya que más allá de la aplicación de una tendencia legislativa, su observancia debe atender a los alcances jurídicos del mandato constitucional previsto en los Artículos 109, párrafo primero, fracción III y 113 de la Carta Magna así como, armonizar los esquemas locales al Sistema Nacional de Fiscalización mediante una coordinación efectiva entre los órganos gubernamentales”, mencionó.

Hernández Bojórquez puntualizó que una sanción administrativa o inhabilitación no es suficiente cuando un servidor público afecta o daña al erario, por eso es justo que resarza el daño y pague económicamente por la afectación a la Hacienda Pública.

• Coordinador Parlamentario del PRI presenta punto de acuerdo para que Ayuntamientos y Ejecutivo Estatal apliquen de forma adecuada recursos federales enviados a BC
• “Mientras que el Estado registra incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la Auditoría Superior de la Federación alerta que en 2013 no se ejercieron debidamente casi 110 mdp en seguridad pública”  

Mexicali, B.C., jueves 26 de febrero de 2015.- Durante el ejercicio del presupuesto 2013 del Ejecutivo Estatal, se registró una mala aplicación de los recursos federales por un monto superior a 300 millones de pesos de acuerdo al informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo cual es fundamental que los presentes Ayuntamientos y el Gobierno del Estado garanticen la distribución, aplicación y comprobación de los recursos transferidos por la Federación al Estado, reveló el Diputado René Adrián Mendívil Acosta.

Así lo indicó el Coordinador de la Fracción del PRI, al presentar durante la sesión del Congreso, un Punto de Acuerdo por medio del cual  exhorta al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, así como a los cinco Alcaldes bajacalifornianos para que dispongan de los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales de los programas federales y se asegure la correcta aplicación de los recursos que la Federación otorga al Gobierno del Estado y los municipios para el ejercicio fiscal de 2015.

Mendívil Acosta explicó que el 18 de febrero de 2015, el Auditor Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados Federal, un informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al 2013, donde se realizaron múltiples observaciones a la aplicación de los recursos por parte del Gobierno del Estado.

“La Auditoría Superior de la Federación detectó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, hubo un subejercicio al 31 de diciembre de 2013, de 109 millones, 93 mil 600 pesos. Mientras que del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno de Baja California, al 31 de diciembre de 2013 no se había ejercido más de 272 millones de pesos”, reveló.

El Legislador tijuanense señaló que mientras la entidad registra una incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la ASF detectó un subejercicio que representa el 35.6% de los recursos que el gobierno federal destinó al Estado en el 2013. “El informe advierte que sólo se realizó el 55.5% del total de evaluaciones a servidores públicos comprometidas en las metas correspondientes al programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, agregó.

Otras de las irregularidades que observó la auditoría, dijo, fueron los contratos de obra adjudicados mediante invitación simplificada, así como la adjudicación directa para compra de equipo especializado, destinados a los Ceresos de Mexicali y el Hongo.

“La ASF determinó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en Baja California tuvieron un impacto poco significativo por la inoportunidad en el ejercicio de los recursos y la aplicación con fines distintos a lo que establece la normativa, pues el Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo.

Mendívil Acosta añadió que la Auditoria Superior de la Federación detectó que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Estado no había ejercido el 17.9% de los mil 77 millones 749 mil 800 pesos transferidos por lo que no se realizaron todas las obras programadas dentro de ese ejercicio fiscal.

Además del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Gobierno del Estado tampoco ejerció 65 millones 72 mil 800 pesos para otorgar desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y equipamiento de educación superior en su modalidad universitaria, que son los fines del programa federal.

“El gasto público debe contribuir a contener la caída de la actividad productiva y bien utilizado, a propiciar la reactivación económica, por ello resulta vital que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos instrumenten las medidas necesarias para evitar subejercicios del presupuesto gubernamental y cumplir con los objetivos institucionales a partir del gasto público, aprovechando el mismo para mejorar la seguridad pública e impartición de justicia; contribuir al desarrollo social; incentivar el mercado local y la inversión productiva, así como generar mayores empleos”, concluyó.