* Asegura que la procuración e impartición de justicia mejorará en su mandato
Mexicali, B.C., 17 de mayo de 2019.- En la reunión que sostuvo en Tijuana, con abogados y profesionistas diversos del Grupo Unidos por Tijuana, el candidato del PRI para Gobernador de Baja California, Enrique Acosta Fregoso reiteró que todos los bajacalifornianos tendrán voz y voto en las decisiones de gobierno.
“Me reuní con el grupo Unidos por Tijuana, un grupo de ciudadanos preocupados porque a su ciudad les vaya bien y que realizan acciones organizadas para poner su granito de arena y ayudar a Tijuana. Como gobernador seré aliado de la sociedad civil e impulsaré la participación ciudadana para lograr el gobierno abierto que necesita Baja California”, dijo en entrevista en esta capital del estado.
El tema preponderante en los cinco municipios, y muy especialmente en Tijuana, es el de la inseguridad, señaló y recordó que, precisamente en la Zona de El Florido, hace días, cuando hacía un recorrido, ocurrió una balacera: 174 cartuchos percutidos, y un muerto, ¿y la autoridad? Ausente. Esto es el colmo”, reprochó el candidato priista.
“En la Colonia El Florido 1, como en todo Tijuana, las balaceras son cosa de todos los días. Los ciudadanos no pueden seguir viviendo con miedo. Como Gobernador regresaré la seguridad a las calles”, sostuvo.
La impunidad es tal, observó que, de acuerdo a cifras oficiales del pasado año 2018, “tenemos más de 43,000 inculpados y solo 3,000 sentenciados”; por eso se comprometió a que en su gobierno mejorarán la procuración y la impartición de justicia.
Explicó que, no obstante, el respeto a la clara división de poderes entre el Ejecutivo y el Judicial, los jueces ocupan dos tipos de apoyos del gobierno del estado, para que su desempeño sea mejor: autonomía financiera y averiguaciones previas bien sustentadas.
Por eso, reiteró, se propone separar de facto el 3% del presupuesto del estado para que vaya directo al Poder Judicial, y de esa manera no tengan que estar sujetos a los caprichos del gobernador en el manejo de los recursos públicos.