Por Aquiles Córdova Morán
PUEBLA PUE.-En ciertos medios masivos de comunicación se han redoblado e intensificado los ataques en contra de las marchas, los mítines y los plantones, es decir, en contra de todo tipo de protesta y manifestación pública de inconformidad por parte de los sectores más olvidados y desprotegidos de nuestra sociedad, con el claro fin de inducir al gobierno de la nación a poner en práctica una política de sofocamiento y represión en contra de estos movimientos y de las organizaciones que los promueven.
Para justificar su postura antipopular y contraria, incluso, a los preceptos constitucionales que estatuyen los derechos de reunión, manifestación pública de las ideas y petición, los medios y sus voceros más destacados que se han colocado a la cabeza de esta embestida macartista, se constriñen, con calculada intención, a poner de relieve, solamente, los aspectos que pudiéramos llamar negativos y molestos de aquellas formas de autodefensa popular. Así, destacan, con amarillismo carente de toda ética y de todo equilibrio informativo, los embotellamientos del tránsito vehicular que se generan en las calles de la ciudad de México con cada marcha o plantón que se realiza; los bloqueos de arterias importantes que algunos (sólo algunos, hay que subrayarlo) grupos de manifestantes suelen emplear para aumentar la presión de su movimiento; los actos escandalosos de otros, como desnudos en público, quema de banderas o de monigotes con la figura de algún funcionario encumbrado, o la extracción de sangre de marchistas con vocación de mártires para embadurnar fachadas y paredes. Especial cuidado y énfasis se pone en las imágenes que captan hechos realmente delictivos, ciertamente cometidos por gente irresponsable, como secuestro de camiones, destrozo de vehículos mal estacionados, intento de derribo de rejas y puertas de edificios públicos, golpeteo con palos y piedras de las mismas para llamar la atención, conatos de agresión a funcionarios que intentan dialogar con los rijosos y, sobre todo, encuestas “ad hoc” para mostrar el enojo, la exasperación y el repudio total de la ciudadanía, particularmente la que viaja en automóvil, para este tipo de acciones y manifestaciones.
En los últimos años ha aparecido un nuevo argumento: se dice que la movilización social en general, no es un reclamo de solución a un problema o a una demanda legítima, sino que, en la mayoría de los casos, se trata de un chantaje, de una presión injustificada y, sobre todo, ilegal, ejercida sobre las autoridades con la finalidad de obligarlas a quebrantar la ley para conceder a los “revoltosos”, prebendas y canonjías a las que de ninguna manera tienen derecho. De aquí deducen quienes sostienen este punto de vista que las expresiones públicas de descontento popular son un mecanismo para violar y atropellar el estado de derecho en el que vivimos todos los mexicanos, una manera de anular la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos en aras de conceder prebendas y privilegios indebidos a unos cuantos, a los que tienen capacidad de presión y de “chantaje”, y una fuente, por tanto, de ilegalidad, de injusticia y de desestabilización social. En consecuencia, tales manifestaciones deben ser combatidas y castigadas con todos los recursos legítimos al alcance del gobierno, concluyen los voceros de la campaña.
Naturalmente, no estamos de acuerdo con esta manera de ver las cosas. Está perfectamente claro que es el punto de vista de la reacción, de la derecha cavernaria constituida por los privilegiados del sistema, por los ahítos, por los hartos, por los felices, por los que todo lo tienen y cuya única preocupación, por tanto, es defender su patrimonio, su riqueza y la “tranquilidad social” que necesitan para el disfrute de la misma, sin importar si, para ello, haya que suprimir aún los derechos más elementales de los famélicos millones de mexicanos que carecen aún de lo más indispensable.
Este punto de vista olvida que nadie sale a la calle a protestar, a sufrir hambre, sed, insultos de los automovilistas, peligros sin cuento, en fin, por puro gusto, es decir, sin tener un motivo poderoso para ello. Olvida o ignora voluntariamente que, tras de cada marcha mitin o plantón, hay una injusticia social, una demanda elemental y legítima irresuelta, un problema que ha recorrido ya todos los pasillos y laberintos de las oficinas gubernamentales, sin encontrar un oído receptivo y una solución satisfactoria. Olvida que los verdaderos culpables de los problemas y molestias que causan las movilizaciones populares no son los indigentes y marginados que salen a las calles a jugarse la vida como un recurso extremo, sino los funcionarios insensibles, los políticos soberbios, prepotentes y altaneros que, creyéndose los dueños absolutos del poder y del país, se niegan a escuchar y atender las carencias y demandas de los más débiles y necesitados. Por ello, los medios masivos de comunicación y sus voceros más conspicuos, si realmente se preocupan por la tranquilidad de la nación, en vez de condenar e invocar la represión de quienes luchan por su sobrevivencia, deberían sumar su voz a la de ellos, exigiendo pronta y expedita solución de sus demandas por parte de los funcionarios que, con su soberbia y prepotencia, son quienes los inducen a salir a las calles.
Es necesario reconocer, sin embargo, que la campaña de la derecha recalcitrante no es una calumnia total, sino que tiene su parte de verdad. En efecto, si bien de palabra dicen ser sus partidarios insobornables, en el terreno de los hechos, cierto tipo de organizaciones y grupos “populares”, sin saberlo tal vez, debilitan y vulneran las formas de autodefensa de los marginados. Ciertamente, nada ha desprestigiado tanto las marchas, mítines y plantones, nada les ha enajenado más la simpatía popular, nada le ha echado en contra a la opinión pública con más eficacia, que los abusos, excesos y desmanes en que incurren, cada vez que salen a la calle, esas mismas organizaciones y grupos. Quienes secuestran autobuses del transporte público, asaltan comercios, pintarrajean paredes y fachadas, cierran calles y oficinas, se desnudan en público, provocan enfrentamientos con las fuerzas del orden, etc., etc., siembran la zozobra y el temor entre la población pacífica que transita por las calles y entre quienes tienen la mala suerte de vivir o comerciar en las arterias por donde pasa este tipo de manifestantes pendencieros e irresponsables, provocando, como reacción natural, el repudio y el rechazo a esta gente y sus demandas, en vez de generar simpatías. Finalmente, quienes se valen de su capacidad de convocatoria y de movilización para demandar prebendas y canonjías que no les corresponden, o para exigir a la autoridad acuerdos y soluciones al margen o en contra de la ley, sin importarles que, al hacerlo, quebranten el estado de derecho, ponen en manos de los enemigos naturales de la lucha y la protesta populares las armas arrojadizas con que éstos, a la primera oportunidad, habrán de atacarlos y lapidarlos, y son los directos responsables del desprestigio y del repudio de la opinión pública hacia cualquier tipo de manifestación masiva.
A primera vista, se pudiera pensar que la actuación de estas personas y grupos es hija, simplemente, de su falta de reflexión y de madurez política y que, por lo tanto, de lo más que se les puede acusar es de irreflexivos e irresponsables. Pero contempladas las cosas con más detenimiento, no es nada aventurado pensar que todo se deba a un perverso plan, perfectamente premeditado y calculado, precisamente para provocar esa reacción de repudio y de rechazo en contra de toda forma de luchar popular que estamos presenciando, con el fin de remojar el terreno para su combate y supresión definitiva.
Cualquiera que sea la explicación correcta de los hechos aquí mencionados, no cabe duda de que llegó ya el momento de denunciarlos ante la opinión pública progresista del país; de que llegó ya la hora de que las auténticas organizaciones populares, que realmente luchan por el mejoramiento de las terribles condiciones de miseria y abandono en que se debate más de la mitad de los mexicanos, reclamen un alto inmediato, tanto a la campaña de desprestigio montada por ciertos medios masivos de comunicación muy poderosos, como de los actos de provocación que, disfrazados de hechos de valor y radicalismo revolucionarios, solamente logran, a fin de cuentas, queriéndolo o no, el repudio popular, el aislamiento de las verdaderas organizaciones de lucha, el desprestigio de sus formas de resistencia y crean, por lo tanto, condiciones inmejorables para su eliminación definitiva de la escena política del país.
