- Coordinador Parlamentario del PRI presenta punto de acuerdo para que Ayuntamientos y Ejecutivo Estatal apliquen de forma adecuada recursos federales enviados a BC
- “Mientras que el Estado registra incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la Auditoría Superior de la Federación alerta que en 2013 no se ejercieron debidamente casi 110 mdp en seguridad pública”
Mexicali, B.C., jueves 26 de febrero de 2015.- Durante el ejercicio del presupuesto 2013 del Ejecutivo Estatal, se registró una mala aplicación de los recursos federales por un monto superior a 300 millones de pesos de acuerdo al informe presentado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo cual es fundamental que los presentes Ayuntamientos y el Gobierno del Estado garanticen la distribución, aplicación y comprobación de los recursos transferidos por la Federación al Estado, reveló el Diputado René Adrián Mendívil Acosta.
Así lo indicó el Coordinador de la Fracción del PRI, al presentar durante la sesión del Congreso, un Punto de Acuerdo por medio del cual exhorta al Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, así como a los cinco Alcaldes bajacalifornianos para que dispongan de los mecanismos necesarios para asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales de los programas federales y se asegure la correcta aplicación de los recursos que la Federación otorga al Gobierno del Estado y los municipios para el ejercicio fiscal de 2015.
Mendívil Acosta explicó que el 18 de febrero de 2015, el Auditor Superior de la Federación entregó a la Cámara de Diputados Federal, un informe del resultado de la fiscalización de la cuenta pública correspondiente al 2013, donde se realizaron múltiples observaciones a la aplicación de los recursos por parte del Gobierno del Estado.
“La Auditoría Superior de la Federación detectó que del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados, hubo un subejercicio al 31 de diciembre de 2013, de 109 millones, 93 mil 600 pesos. Mientras que del Acuerdo de Coordinación celebrado entre la Secretaría de Salud y el Gobierno de Baja California, al 31 de diciembre de 2013 no se había ejercido más de 272 millones de pesos”, reveló.
El Legislador tijuanense señaló que mientras la entidad registra una incidencia delictiva superior a la tasa nacional, la ASF detectó un subejercicio que representa el 35.6% de los recursos que el gobierno federal destinó al Estado en el 2013. “El informe advierte que sólo se realizó el 55.5% del total de evaluaciones a servidores públicos comprometidas en las metas correspondientes al programa Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza”, agregó.
Otras de las irregularidades que observó la auditoría, dijo, fueron los contratos de obra adjudicados mediante invitación simplificada, así como la adjudicación directa para compra de equipo especializado, destinados a los Ceresos de Mexicali y el Hongo.
“La ASF determinó que los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública en Baja California tuvieron un impacto poco significativo por la inoportunidad en el ejercicio de los recursos y la aplicación con fines distintos a lo que establece la normativa, pues el Estado no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos y no se cumplieron cabalmente sus objetivos y metas”, sostuvo.
Mendívil Acosta añadió que la Auditoria Superior de la Federación detectó que del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, el Estado no había ejercido el 17.9% de los mil 77 millones 749 mil 800 pesos transferidos por lo que no se realizaron todas las obras programadas dentro de ese ejercicio fiscal.
Además del Fondo de Aportaciones Múltiples, el Gobierno del Estado tampoco ejerció 65 millones 72 mil 800 pesos para otorgar desayunos escolares, apoyos alimentarios y de asistencia social a la población en condiciones de pobreza extrema, apoyos a la población en desamparo, así como construcción, equipamiento y rehabilitación de infraestructura física de los niveles de educación básica y equipamiento de educación superior en su modalidad universitaria, que son los fines del programa federal.
“El gasto público debe contribuir a contener la caída de la actividad productiva y bien utilizado, a propiciar la reactivación económica, por ello resulta vital que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos instrumenten las medidas necesarias para evitar subejercicios del presupuesto gubernamental y cumplir con los objetivos institucionales a partir del gasto público, aprovechando el mismo para mejorar la seguridad pública e impartición de justicia; contribuir al desarrollo social; incentivar el mercado local y la inversión productiva, así como generar mayores empleos”, concluyó.
