- Con esta iniciativa del Diputado Rodolfo Olimpo Hernández, el servidor público al que se le compruebe desvió recursos del erario, pagará económicamente por el monto afectado.
Mexicali. B.C., a 26 de febrero del 2015.- Acabar con la impunidad y sancionar económicamente a los servidores públicos que afectan al erario de los bajacalifornianos, es la finalidad de la iniciativa de reforma a la Ley de Fiscalización Superior de los Recursos Públicos para el Estado de Baja California y sus Municipios, la cual fue presentado hoy en el Pleno del Congreso del Estado, informó el diputado del Partido Encuentro Social (PES) en la XXI Legislatura, Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez.
El legislador señaló que actualmente, Baja California cuenta con una legislación desfasada en este sentido, mientras que en otros estados de la república la reglamentación es más contemporánea a los tiempos que vive el país.
Explicó que la reforma pretende que cuando a través de los órganos de control y fiscalización se compruebe que un servidor público provocó un daño o perjuicio contra el erario público, éste pague económicamente por el daño hecho a la hacienda pública.
“La tendencia nacional, destaca que la mayoría de las entidades de fiscalización superior locales, tienen previstos en sus instrumentos normativos lo relativo a la responsabilidad resarcitoria y el procedimiento resarcitorio; desfasando esta situación a Baja California, en cuanto a la actualización de su marco legal de fiscalización, ya que más allá de la aplicación de una tendencia legislativa, su observancia debe atender a los alcances jurídicos del mandato constitucional previsto en los Artículos 109, párrafo primero, fracción III y 113 de la Carta Magna así como, armonizar los esquemas locales al Sistema Nacional de Fiscalización mediante una coordinación efectiva entre los órganos gubernamentales”, mencionó.
Hernández Bojórquez puntualizó que una sanción administrativa o inhabilitación no es suficiente cuando un servidor público afecta o daña al erario, por eso es justo que resarza el daño y pague económicamente por la afectación a la Hacienda Pública.
