PROPONE DIP. CLAUDIA AGATÓN QUE SE EXENTE DEL PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO A PERSONAS ADULTAS MAYORES Y CON DISCAPACIDAD
●    Exhorta a los Ayuntamientos y Concejos Fundacionales municipales del Estado a que establezcan este beneficio en sus proyectos de Leyes de Ingresos 2023
●    Requieren apoyo extraordinario en su economía; debemos de considerarlos con un enfoque preferencial, dentro del desarrollo de las actividades de los municipios y del Estado

Mexicali, B.C., lunes 29 de agosto de 2022.- La Diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz, exhortó a los Ayuntamientos y Concejos Fundacionales Municipales del Estado a que establezcan en sus respectivos proyectos de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2023 y demás documentos vinculantes, que las personas adultas mayores de 65 años, y con discapacidad, estén exentas del pago del derecho por servicio de alumbrado público.
Argumentó que, en los próximos días cada administración municipal iniciará con los trabajos de análisis y elaboración de sus respectivos proyectos, con los cuales, una vez agotado el proceso legislativo correspondiente, definirán los conceptos básicos con los cuales podrán captar los recursos financieros que les permitan cumplir con sus obligaciones durante el siguiente ejercicio.
En su exposición de motivos, la Legisladora del PT mencionó que las Leyes de Ingresos son elaboradas con base, no solo con la intención de captación de ingresos, sino con parámetros de justicia social, de humanidad y de proporcionalidad en cuanto a los ingresos individuales de cada persona contribuyente.
Lograr justicia social, -dijo- implica un esfuerzo diario de todo el engranaje de la administración pública, así como observar necesariamente a las personas pertenecientes a grupos específicos que, por sus necesidades propias, requieren de la aplicación de políticas públicas con la perspectiva de derechos humanos.
Estas acciones, pueden llamarse, “acciones afirmativas”, las cuales se deben aplicar a favor de personas o grupos en situación de discriminación, cuyo objetivo es corregir situaciones patentes de desigualdad en el disfrute o ejercicio de derechos o libertades; las que deberán de aplicarse mientras subsistan dichas situaciones, agregó.
Luego expuso que, en este esquema, es una realidad que personas adultas mayores y con discapacidad de nuestro Estado, se encuentran en una situación económica complicada. Por ello, requieren un apoyo extraordinario en su economía, y son a quienes debemos de considerar con un enfoque preferencial, dentro del desarrollo de las actividades de los municipios y del Estado, puntualizó.