TIJUANA, B.C., 18 de agosto de 2020.- El Gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, firmó una iniciativa de ley y la envió a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG) al Congreso del Estado, la cual eleva las penas de delitos como el feminicidio, la tortura policial, la corrupción de funcionarios públicos, la trata de personas, así como el abuso sexual a menores y mujeres.
El Secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano, comentó que este es uno de los compromisos que el Mandatario Estatal expresó en campaña, “100 para estar al 100”, que busca reforzar las normas para prevenir y poner fin a todas estas formas de violencia y de descomposición social donde en muchas ocasiones intervienen funcionarios públicos.
“Busca el Gobernador endurecer la aplicación de la justicia y sancionar severamente a estas personas que cometen este tipo de delitos que lastiman mucho a la sociedad y dejan huellas imborrables entre las familias bajacalifornianas, ya le corresponderá al Congreso del Estado tomar decisiones al respecto de dicha iniciativa”, dijo el Titular de la SGG en Baja California.
Esta iniciativa de decreto para reformar el Código Penal para el Estado De Baja California, contempla en el caso del feminicidio, por ejemplo, elevar la pena de prisión de 40 a 60 años de prisión, y una multa de 500 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización Vigente (UMAS).
“Este es un tipo delito que la sociedad y sobre todo las mujeres de Baja California haciendo Están exigiendo que haya más dureza en la aplicación de estas penas; pero también en el delito de violación aumentaron las penas y en el abuso sexual a menores se aumenta en el doble si el hecho delictivo es cometido por familiares”, dijo el Secretario General de Gobierno.
Al final Amador Rodríguez Lozano manifestó que está contemplado la participación de empleados de gobierno en la comisión de un delito, ya que quien, aprovechándose de su calidad de funcionario público, obtenga beneficios económicos, materiales o de cualquier otra naturaleza de un tercero a cambio de realizar u omitir acciones que por ley debe ejercer, se le impondrá una pena de cinco a quince años de prisión y de quinientos a mil quinientos días multa.
