TIJUANA, B.C., 12 de agosto de 2020.- Como resultado de una revisión preliminar de los recursos públicos, federales y estatales, manejados por el Patronato Plaza 11 de julio (Zócalo de Tijuana), se conoce ahora que el daño patrimonial causado asciende a más de $50.0 millones de pesos, y los responsables están obligados a dar la cara para responder y justificar la aplicación de las partidas recibidas.
Así lo manifestaron el gobernador Jaime Bonilla Valdez y la secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP) de Baja California, Vicenta Espinosa Martínez, luego de dar a conocer la auditoría, la revisión documental y la cancelación del contrato para la construcción del “Zócalo 11 de julio”, dispuesta por el mandatario estatal para devolver el parque “Benito Juárez” a los tijuanenses.
La secretaria Espinosa Martínez, en su intervención durante la video transmisión en vivo, explicó que el gobernador Jaime Bonilla Valdez, tuvo a bien cancelar dicho convenio, ya que el Patronato “Zócalo 11 de julio”, tenía como objetivo enajenar, administrar y desarrollar un centro comercial en espacios públicos, propiedad de los tijuanenses.
Al hacer la revisión correspondiente del documento, reiteró que el mandatario estatal procedió a dejar sin efecto dicho contrato. “Se encontraron varias anomalías en esta asociación civil, que encabeza la empresaria Carolina Aubanel Riedel, causando un gran daño patrimonial a las arcas del Estado”, puntualizó.
La funcionaria estatal dijo que “la gran sorpresa es que las obras de este proyecto, no se realizaron correctamente; además quedó en evidencia el beneficio directo para particulares y terceros”. Se abstuvo de abundar en detalles o dar nombres de los “beneficiarios” o participantes en los manejos de la suma mencionada.
Recalcó que, en primer término, la Auditoria Superior de la Federación (ASF), al revisar las partidas de orden social provenientes de la Federación, encontró que se destinaron $70 millones 335 mil pesos del Fondo Metropolitano y Desarrollo Regional, dependiente del Gobierno Federal.
“La irregularidad y el daño a la hacienda pública, es que dicha cantidad nunca se ejerció. El contrato del Patronato Zócalo 11 de julio, jurídica y legalmente estaba muy bien elaborado y redactado. Contemplaba precios unitarios y tiempos determinados de obra para el zócalo”, citó la secretaria de Honestidad y Función Pública.
Hizo notar que, entre el año 2014 y 2015, al no cumplirse los tiempos establecidos para la construcción, se tuvo que suspender y clausurar la obra. La SHFP (federal) en sus atribuciones observó que se destinaron $200 millones de pesos al Patronato; de esa cantidad, $111 millones de pesos se adjudicaron para el “Zócalo 11 de julio” el día 17 de diciembre de 2014.
Y luego reveló: “Se detectaron irregularidades por $98 millones de pesos, y solo $13 millones fueron empleados para los trabajos de construcción, debidamente registrados y documentados”.
Por otra parte la propia Secretaría de Honestidad y Función Pública de Baja California, al buscar documentación, “encontró una diferencia de $35 millones 451 mil 029.80 pesos, en la fecha antes mencionada, y se determinó un daño patrimonial”.
En este contexto, dijo la funcionaria estatal, “…si no se comprueba con documentación original, que la ultimación de los recursos se hizo con total transparencia, tendrán que reintegrar al erario público los $35 millones…”. Agregó que hay $62 millones de pesos de diferencia con las estimaciones que hizo la Secretaria de Honestidad y la Función Pública (SHFP) en el Estado, sobre las contrataciones pagadas.
También se descubrió una cuenta bancaria con un monto de $33 millones 634 mil 913.00 pesos, cantidad que se devolvió a la Federación, pero con un faltante de $1.9 millones de pesos. En este mismo rubro había conceptos para el mejoramiento del Instituto de Cultura de Baja California (ICBC), andadores y áreas verdes para el Zócalo 11 de julio.
“La contratación y adjudicación directa para su ejecución, con fecha 4 de enero del 2016, después de su auditora correspondiente, se procedió a la clausura de la obra, además por las manifestaciones y amparos ambientales, ya que no existían permisos para la tala de árboles en el parque Benito Juárez, causando un daño por $49 millones 950 mil pesos, adicionalmente a las obras inconclusas”, señaló.
“Los responsables tendrán que dar la cara”, expreso la titular de la SHFP.
El gobernador Jaime Bonilla Valdez, detalló que son dos montos pendientes uno por $1.9 millones y el otros por $49 millones, lo que da un total mayor a los $50 millones de pesos en daño patrimonial.
“Estos temas se tienen que abordar y hacer públicos, para que los bajacalifornianos estén informados; el caso Emilio Lozoya (sobornos de Odebrecht a diputados, senadores y equipo de campaña del candidato presidencial Enrique Peña Nieto), no es el único caso que causa impacto a nivel nacional, también en Baja California hay cosas que nos sorprenden mucho”, enfatizó.
El jefe del Ejecutivo de Baja California dijo finalmente que la Secretaria de Honestidad y la Función Pública, marcará la ruta para recuperar el dinero desviado, y que finalmente se aplique en los parques que son los “pulmones” de la ciudad de Tijuana. Los nombres de los involucrados en posibles desvíos seguirán en reserva, en tanto se judicializan las carpetas de investigación.
