- El legislador tijuanense presentó el documento ante la Secretaría General del Congreso de la Unión para iniciar el procedimiento legal.
En el documento que el legislador tijuanense entregó al Congreso de la Unión para iniciar con la demanda expuso como fundamentos lo ya señalado por los Ministros de la Corte sobre la naturaleza de “fraude constitucional” que la ley para ampliar el mandato de gobernador de 2 a 5 cinco años implicó.
En este sentido, el legislador señaló que no basta con la decisión de la SCJN, pues aunque ésta dejó en claro la naturaleza anticonstitucional de la “Ley Bonilla”, la ciudadanía “espera que se tomen acciones reales para castigar a quienes quisieron verle la cara a los ciudadanos faltándoles el respeto a ellos y a sus derechos electorales”.
“Los actos y omisiones que constituyen violaciones graves al marco constitucional vigente y a las responsabilidades que afectaron la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debieron observar en el desempeño de sus empleos como servidores públicos”, se puede leer en el documento entregado a la Secretaría General del Congreso.
Sobre el concepto de fraude a la Constitución, Héctor Cruz explicó que refiere a la acción de atribuirse facultades como Congreso local que sobrepasan la voluntad popular expresada en las urnas; se trata de un concepto técnico, puntual y que no es estribillo retórico.
“La Suprema Corte decidió, limó la colisión, un producto de una norma de carácter local promovida por el Congreso de Baja California, por una legislatura estatal que violentó el esquema de decisiones de la Constitución. Entonces no se puede prorrogar un mandato a través de legislación, el mandato tiene que ser a través de carácter popular. Recordemos que la democracia es un gobierno pro tempore” señaló el legislador.
Añadió: “El Tribunal Superior protegió la Constitución y la mantuvo dentro de los límites de la misma. La Suprema Corte ejerció una de sus funciones elementales que es el control de constitucionalidad”.
Sin embargo, explicó, el actuar post electoral de los legisladores intentó modificar las reglas democráticas, usurpando la voluntad popular, por lo que constituye un fraude post electoral, pues aunque se cumplió con el conteo de los votos, no fue así con la duración del cargo.
Tras la recepción de la demanda de juicio político y la notificación a los implicados, será analizada por la sub comisión de Examen Previo de la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que dictaminará la incoación del procedimiento, es decir, pasar al siguiente paso.
La demanda presentada por el diputado Héctor Cruz tiene su fundamento en los dispuesto por los artículos 108 a 114 de la Constitución; párrafo segundo del artículo 5, 7, 9, 12 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
