Mexicali, B. C., lunes 27 de enero de 2020.- El diputado David Ruvalcaba Flores presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, con el propósito de calificar como falta grave, todo tipo de discriminación laboral.
La propuesta fue presentada durante la reciente sesión ordinaria de la Vigésima Tercera Legislatura, misma que fue conducida por el diputado Víctor Manuel Morán Hernández, en su carácter de presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado.
El inicialista propuso que se reforme el artículo 51 bis de la mencionada ley, para quedar como sigue: “Será considerada falta grave todo acto de discriminación laboral en términos del cuarto párrafo del artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
En su exposición de motivos, Ruvalcaba Flores señaló que la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado, tiene como fin principal regular las conductas de acción u omisión que puedan constituir faltas, y estas son clasificadas en graves y no graves., de modo que, dicho cuerpo normativo, establece las directrices a las cuales deberá sujetarse el comportamiento del servidor público.
Añadió que “la restructuración del sistema de responsabilidades de los servidores públicos, deviene de las reformas constitucionales en materia de corrupción publicadas en mayo del 2015, donde se estableció como obligación a las legislaturas locales, la expedición de los cuerpos normativos, donde se recogieran las reglas relativas a la distribución de competencia, obligaciones sanciones y los procedimientos para la aplicación de las mismas, de tal manera que, en agosto de 2017, fue publicada en el Periódico Oficial del Estado, la ley que hoy proponemos reformar”.
“Por lo tanto –remató- los funcionarios públicos debemos de cumplir a cabalidad con nuestros deberes y funciones, realizando conductas apegadas a derecho y los esfuerzos necesarios para la satisfacción de los intereses de la sociedad, lo que implica un buen gobierno, el cual no se concibe sin la garantía de los derechos de las personas, y más allá de obligaciones y deberes a las que estamos sujetos, me quiero referir al trato digno que debe prevalecer entre los funcionarios públicos, ya sea en relaciones de subordinación jerárquica o bien,  en cualquier tipo de relación laboral”.

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