Propone Loreto Quintero beneficios por dar empleo a personas liberadas
• Para impulsar la reintegración social y laboral de este sector vulnerable
Mexicali.- Para establecer que las empresas que contraten a personas liberadas del Centro Penitenciario estatal, queden exentas del pago del impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal que les corresponda cubrir por estos empleados, la diputada Loreto Quintero Quintero, en conjunto con el legislador Luis Moreno Hernández, presentó ante el Pleno una iniciativa de reforma a las leyes de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico y de Hacienda, ambas del Estado.
La legisladora dio a conocer que la entidad ocupa, según la Conapo 2019, el primer lugar nacional con la tasa más alta de personas en situación de reclusión, ya que 333 personas se encuentran privadas de su libertad por cada 100 mil habitantes, mientras que la tasa media nacional es de 158 internos.
Igualmente, expresó que es el tercer Estado con mayor porcentaje (11.69 por ciento) de personas que ingresan a los centros penitenciarios por reincidencia delictiva, según el Inegi 2019.
“Es por ello que favorecer que hombres y mujeres que obtienen su libertad y salen de un centro penitenciario encuentren un empleo digno, se traduce en mejores oportunidades de reinserción social para dichas personas, a fin de que en lugar de volver a delinquir causando daños personales y materiales a otros, se dediquen a trabajar y contribuir a una vida productiva”, subrayó Quintero Quintero.
Agregó que una menor reincidencia delictiva contribuye a una sociedad más segura, al disminuir los delitos y el número de víctimas, sin olvidar los costos que representa para las finanzas públicas la manutención de los centros penitenciarios.
La presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la XXIII Legislatura afirmó que las personas que han sido privadas de su libertad por la comisión de un delito y han compurgado su pena u obtenido anticipadamente su libertad vía algún beneficio penitenciario, son marginadas y estigmatizadas de diversas maneras en los procesos de búsqueda de empleo, sufriendo con ello una doble sanción por los hechos pasados en que se vieron involucrados.
Primero, por la negativa de los empleadores a contratarlos para ejercer diversas actividades, prohibiciones que en algunas casos provienen de la propia regulación de la actividad a desarrollar; en segundo lugar, por la actitud o prejuicios de los reclutadores o personal de recursos humanos de las empresas, que provocan el rechazo a solicitantes de empleo con este estigma, y finalmente, por la autoexclusión de las propias personas que han pasado por el sistema penitenciario, anticipándose a una negativa a acceder a un empleo.
Por lo anterior, argumentó la necesidad de crear condiciones desde el ámbito legislativo para vencer dicho estigma, e impulsar la participación del sector privado para que cada día más empresas sean laboralmente incluyentes con este sector vulnerable, incentivándolas fiscalmente para dar empleo formal a personas que han sido liberadas de un centro penitenciario, con la finalidad de facilitar su reinserción social, procurar su vida digna y prevenir la reincidencia de los externados.
“La idea central de esta propuesta es, en términos sencillos, que cuando una persona obtenga su libertad encuentre condiciones y opciones para ganarse la vida honestamente, dentro de la legalidad”, concluyó.
