El Centro Empresarial de Tijuana reiteró su preocupación ante la posible violación al Estado de Derecho y a la Constitución de Baja California, con la modificación a la convocatoria realizada por el Instituto Electoral para que el Gobernador Electo en el siguiente proceso electoral dure en su cargo 5 años en lugar de 2.
El presidente de Coparmex Tijuana, Lic. Roberto Rosas Jiménez, señaló que no están en contra de la duración del periodo, sino de la forma en la que se está realizando la modificación, la cual viola el principio de certeza establecido en la Constitución donde establece en el artículo 105 que esas modificaciones se deben hacer 90 días antes de que inicie el proceso electoral.
“Es claro que en esa resolución el Tribunal se excedió en sus facultades porque esto le corresponde al Poder Legislativo y que se busca el beneficio de algunos candidatos durante las próximas elecciones, por eso es que hacemos este llamado para que el Congreso del Estado haga valer el Estado de Derecho y no marque un antecedente que pueda afectar en futuras elecciones”.
Por su parte el Presidente Nacional de Coparmex, Gustavo De Hoyos Walther, señaló que los 65 Centros Empresariales del país respaldan la posición que han sostenido los 3 Centros Empresariales de Baja California y, que de manera clara y contundente, han señalado que en el Estado no debe violentarse la ley ni la la Constitución.
“Nos parece preocupante la resolución que en días pasados emitió el Tribunal Estatal Electoral, llevando a cabo una interpretación inaudita, ilegal y sospechosa en su oportunidad, y que pasa por encima de un precepto constitucional. Es inaudito que un Tribunal quiera desatender un mandato de la más alta norma del Estado, que es la Constitución Política de Baja California y que con una interpretación transgiversada, quiera desatender lo que está mandatado”, comentó.
Concluyó señalando que Coparmex estará siempre del lado de la ley, por respeto a la Constitución y que por ende, buscará que se preserve el orden y la legalidad; por lo que hace un llamado a la Sala Superior del Tribunal Electoral Federal para que emita sin demora, la resolución a las impugnaciones formuladas por distintas personas y partidos políticos, para que se mantenga la convocatoria como estaba contemplada desde 2014.
