- El militar en retiro apuntó que en caso de una accidente será la cabeza de la autoridad municipal la principal responsable.
Tijuana. B.C. 07 de marzo de 2019., La proliferación de estaciones de almacenamiento y distribución de Gas LP en zonas residenciales de Tijuana bajo el amparo del gobierno municipal expone a cientos de familias ante un peligro mortal, pues “la combinación de corrupción con negligencia es explosiva”, señaló Julián Leyzaola.
Tras ser abordado por vecinos afectados, el militar en retiro señaló que la omisión de las autoridades de Tijuana encabezadas por Juan Manuel Gastelum Buenrostro apuntan a un escenario de complicidad con las empresas involucradas, pues el desarrollo de los centros de carburación no sería posible sin su venia, convirtiendo así al Alcalde en el primer responsable en caso de una tragedia.
“Este tipo de corrupción es la que mas daña a los ciudadanos, afecta directamente sus vidas y la de sus hijos” apuntó tras recordar que incidentes como la explosión de San Juanico en 1984, que segó la vida de entre 500 y 600 personas, son ejemplos de que la corrupción es mortal.
Puntualizó que tanto el Plan de Desarrollo como el Reglamento Municipal establecen que los centros de almacenamiento y distribución de gas deben ser construidos a mas de 300 metros de distancia de los sitios de concentración como escuelas, iglesias y hospitales.
“Me han comentado que hay casos en los que ya instalaron tanques como de cinco mil litros a metros de guarderías y privadas habitacionales, es obvio que esta situación es una irresponsabilidad enorme”, abundó.
A pesar de la moratoria vigente que prohíbe su construcción en colonias, el desarrollo de las llamadas “gaseritas” continúa en zonas como El Rubí, La Gloria, Loma Dorada y Lomas de Matamoros, entre otras, sin que siquiera la Sindicatura Municipal investigue aquellos funcionarios que lo han permitido, lamentó Leyzaola Pérez.
Dichos establecimientos han sido clausurados por autoridades estatales y federales; además, no cuentan con permisos municipales, por lo que corresponde a estos últimos la obligación de aplicar sanciones por violación de uso de suelo, medidas que, sospechosamente, han omitido, concluyó.
