*.- El Colegio será fundamental para orientar a sus clientes, y que estos puedan fortalecer el combate al lavado de dinero en todo el país
El Colegio de Contadores Públicos de Baja California y sus integrantes continuarán auxiliando a sus clientes para que, a través de sus empresas, presenten puntual y adecuadamente avisos y notificaciones de transacciones con altos montos a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), como parte de la estrategia de combate al lavado de dinero a nivel nacional.
El organismo, que preside el C.P. Leonardo Méndez Cervantes, cuenta con una Comisión de Antilavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, que se dedicará a informar a los empresarios de Baja California acerca de los beneficios de auto regularización, que permitirá a los contribuyentes entregar su documentación pendiente entre el 31 de julio de 2013 y el 31 de diciembre de 2018, para evitar incurrir en sanciones cuyas multas alcanzan hasta los cinco millones de pesos.
El director de la Comisión, C.P. Jorge Arturo Pavón García, consideró que las sanciones menoscaban el patrimonio de las compañías, por lo que resulta elemental que los contribuyentes sean capaces técnicamente de cumplir con todas las normas dispuestas por las autoridades fiscales, principalmente presentar las sanciones mensuales.
“Es importante invitar a la comunidad a que se sumen y entren en la auto regularización. Hay diferentes tipos de empresas, las que venden inmuebles, autos usados, los juegos de apuestas, las monedas electrónicas, y cualquier transmisión de dominio entre personas morales y físicas, que tienen que avisar de sus operaciones”, explicó.
El especialista en materia fiscal comentó que el crimen organizado suele financiarse mediante el lavado de dinero, por lo que el nuevo gobierno de México ha sostenido una política para tener pleno conocimiento de todas las transacciones de altos montos que se realicen para poder detectar todas las irregularidades.
Pavón García detalló que la condición fronteriza de Baja California lo vuelve una región vulnerable para la práctica del lavado de dinero a través de diversas actividades, por lo que se trata de una zona en la que la SHCP sostiene una revisión constante, que consiste en pedir a los contadores certificados la emisión de dictámenes administrativos que favorezcan el conocimiento de las actividades empresariales.
Finalmente, invitó tanto a los contadores como al empresariado de Baja California a capacitarse en cuanto a dichas normas, que buscan impedir que actividades ilícitas como la trata de personas, el tráfico de drogas y la defraudación fiscal puedan ocultar sus ganancias, afectando el desarrollo de la sociedad mexicana en lo general.
