MEXICALI, B.C.- Miércoles 17 de enero de 2018.- Como parte de las acciones que realiza la Administración estatal que encabeza el Mandatario Francisco Vega de Lamadrid, para la mejora del medio ambiente y calidad de vida de la ciudadanía, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), y en coordinación con autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente Delegación Mexicali (PROFEPA) y el XXII Ayuntamiento de Mexicali, continúa con la clausura de tiraderos clandestinos en la capital del Estado.
El Director de Auditoría Ambiental de la SPA, Daniel Elías Monroy Ojeda, informó que en materia de inspección y vigilancia, se realizó un operativo coordinado con los dos órdenes de Gobierno para prevenir y sancionar aquellas actividades que se encuentren fuera del marco jurídico de Protección al Ambiente.
Dijo que se busca inhibir la proliferación de tiraderos clandestinos o basureros a cielo abierto, ya que representan un peligro para la salud de la población y daño al medio ambiente, “por lo que se clausuraron dos predios que estaban vertiendo residuos de manejo especial y que arrojaron un total de 12 mil 894.70 metros cuadrados, además se procedió a la colocación de sellos en un establecimiento que requería por naturaleza, permiso y autorización en materia de impacto ambiental, como de emisión de la atmósfera”, indicó el funcionario estatal.
Agregó que existe un programa permanente de inspección y vigilancia mediante el cual se atienden denuncias ciudadanas cuando hay la presunción de que se comete un ilícito ambiental, por lo que el personal de la Dirección de Auditoría Ambiental de la SPA, exhorta a la población para que siga denunciando ante las autoridades estatales y municipales cuando detecte la existencia de terrenos baldíos cercanos a su casa o colonia, donde se está vertiendo ilegalmente basura doméstica o residuos de otro tipo, y así realizar acciones correspondientes a la Ley de Protección al Ambiente.
Para concluir, Monroy Ojeda precisó que la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California y la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California, faculta a la Secretaría de Protección al Ambiente para realizar las acciones mencionadas, que pueden derivar en sanciones económicas para los propietarios legales de los terrenos.
