Denuncian irregularidades en proceso judicial contra agresores de familias en el Polígono 6
Tijuana, Baja California. 11 de mayo de 2017.- Por omisiones en el proceso judicial que se sigue con relación a la agresión contra vecinos del polígono 6 en el ejido Ojo de Agua, un nutrido grupo de antorchistas, encabezados por el dirigente estatal de esa organización, Alfonso Villagrán Contreras, acudieron a las oficinas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para presentar una queja contra funcionarios encargados de impartir justicia.
El documento fue recibido por el Subdirector de Quejas y Orientación del organismo defensor de los DDHH, Manuel Alejandro Jiménez Ortega, quien indicó que este mismo día comenzarían las indagatorias con los funcionarios implicados en la impartición de justicia en el caso de los vecinos contra los que se perpetró un atentado la madrugada del 29 de abril, hechos en los que falleció el joven José Corrales Almejo.
Villagrán Contreras denunció que el proceso se sigue irregular desde el inicio, pues la agente del Ministerio Público se negó a recibir declaraciones de testigos, así como a reconocer el asesinato de Corrales Almejo como parte de los mismos hechos violentos, ya que este se investiga por separado. “Hay dos carpetas en la PGJE, una por los daños en la propiedad causados por los agresores y otra por el crimen contra José Corrales; la Procuraduría se niega a relacionarlos, por lo que a los ocho detenidos sólo se les imputó el delito de daños y no el homicidio, por lo cual ya han sido liberados”, expuso el dirigente antorchista ante el ombudsman.
Como responsables de esa negligencia, fueron señalados la agente del MP Hamelin Chalico Parra, además de 6 agentes de la policía municipal. “Estamos haciendo el señalamiento de que el operador de la retroexcavadora que dañó viviendas y automóviles, Raymundo Medina Valerio, fue puesto en libertad de manera inmediata por órdenes de la agente del MP. No se ha investigado quién contrató la retroexcavadora, para quién trabaja el operador de esa máquina, quién contrató a quienes fueron detenidos, quién financió sus armas, chalecos, cascos, etc, y por ello es que acudimos a esta instancia”, declaró Villagrán Contreras.