Mexicali, Baja California, domingo 26 de febrero del 2017.- El Diputado del Distrito 13, Carlos Torres Torres, propuso una iniciativa en el que la que la Secretaría Estatal de Salud desarrolle un programa de rehabilitación para personas que habiendo cometido un delito bajo el influjo del alcohol o droga y hayan cumplido una sentencia condenatoria, puedan continuar con su tratamiento de rehabilitación en libertad, hasta por un año, a solicitud de la persona en recuperación.
La idea, explicó el legislador del Partido Acción Nacional, es combatir el problema de inseguridad que causa el que una persona cometa delitos por problemas de adicción y no cuente con alternativas para atender su problema de raíz una vez que termina su condena. “Fortalecer los programas de rehabilitación de exconvictos, significará disminuir el número de delitos en las calles, ya que la mayoría de asaltos o robos se cometen cuando la persona está bajo el influjo de las drogas” comentó.
La propuesta contempla, detalló Carlos Torres, que este programa de rehabilitación externa sea trabajado de la mano con la Secretaría Estatal de Salud Pública y los centros de rehabilitación reconocidos en el padrón de organismos de la sociedad civil del Gobierno del Estado.
La tarea de disminuir la reincidencia requiere hacer un esfuerzo para que los recursos destinados a los centros de rehabilitación por parte de la Secretaría de Desarrollo Social Estatal puedan incrementarse buscando al mismo tiempo que en las atenciones se le de prioridad a los exconvictos.
Si bien se realiza un gran esfuerzo en el programa de reconstrucción personal que se impulsa en los centros penitenciarios, el reto es muy grande ya que de acuerdo al Observatorio Estatal de Adicciones, en 2016 56.6% de los hombres y 59.4% de las mujeres que cometieron un delito, indicaron haber consumido drogas seis horas antes, entre las que destacan alcohol, cocaína o crack y metanfetaminas.
Esta propuesta descrita, comentó Torres Torres, es a través de la adición de la sección VI al capítulo noveno a la Ley de Salud Pública para el Estado de California, adición del artículo 106 y reforma del Artículo 90 del Código Penal.
