ENSENADA, B.C.- Miércoles 22 de febrero de 2017.- El endurecimiento del castigo en contra de quienes incurran en la pesca ilegal y su tipificación como delincuencia organizada, coincide con los esfuerzos y las gestiones que desde sus inicios ha impulsado la Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), cuyas políticas en materia pesquera y acuícola están enfocadas en el aprovechamiento sustentable de los recursos.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de la SEPESCABC, Matías Arjona Rydalch, quien señaló como positivo el nuevo dictamen aprobado por el Senado de la República, en el que se tipifica como delito federal la captura dolosa, acopio, transporte, destrucción y comercio de camarón y pepino de mar; dentro o fuera de los periodos de veda, sin contar con la autorización correspondiente y en una cantidad que exceda 10 kilogramos de peso.
El funcionario estatal coincidió en que con estos cambios, se avanza en la protección de nuestros recursos naturales en peligro de extinción, de acuerdo con un comunicado emitido por la Cámara Alta.
Explicó que la SEPESCABC ha reiterado el llamado a las autoridades federales, concretamente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA), para que se fortalezcan las medidas de ordenamiento, inspección y vigilancia, a fin de contener y desalentar la dañina práctica de la pesca furtiva, con la cual se ha puesto en peligro la sustentabilidad de muchas especies, incluyendo las protegidas con veda permanente como la totoaba y la tortuga caguama.
La nueva disposición aprobada por los senadores establece que “cuando tres o más personas se organicen, en forma permanente o reiterada, para cometer algún delito contra el ambiente, previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal, serán sancionadas como integrante de la delincuencia organizada”.
El proyecto de decreto, que reforma la fracción II Bis del artículo 420 del Código Penal Federal, y adiciona una fracción (la X) al artículo 2 de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, fue aprobado por la Asamblea con 85 votos a favor y se envió al Ejecutivo para sus efectos constitucionales.
Arjona Rydalch consideró como histórica la decisión de legisladores de diferentes fracciones parlamentarias, quienes con este paso aportan herramientas jurídicas importantes para la protección de las especies, pero también para respaldar los intereses de los permisionarios y concesionarios que trabajan al amparo de la ley.
