MEXICALI, B.C.- Domingo 19 de febrero de 2017.- La Administración estatal que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, a través de la Secretaría de Protección al Ambiente (SPA), lleva a cabo distintas acciones para inhibir el uso inadecuado de residuos contaminantes de manejo especial y de desechos sólidos urbanos, con la finalidad de contribuir a la mejora del medio ambiente y a la salud de los ciudadanos.
La titular de la SPA, Thelma Castañeda Custodia, informó que personal de la dependencia adscrito al departamento de Auditoría Ambiental, clausuró esta semana tres predios baldíos que servían como tiraderos clandestinos de residuos sólidos urbanos y una nave industrial en la que se almacenaban residuos de manejo especial, todos ubicados en la zona noreste de Mexicali.
“En la Secretaría de Protección al Ambiente recibimos denuncias sobre algunos predios y una nave industrial abandonada donde de manera ilegal se estaban disponiendo residuos contaminantes considerados como de manejo especial y sólidos urbanos; por lo que auditores ambientales, acompañados de inspectores del XXII Ayuntamiento de Mexicali, acudieron a los diferentes sitios para clausurarlos, iniciando el proceso legal para que los propietarios restituyan la condición original de los predios”, indicó Castañeda Custodia.
Agregó que la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California y la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California, facultan a la SPA para realizar este tipo de acciones que buscan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, especialmente de los vecinos de las zonas donde de manera ilegal se están vertiendo residuos.
“Una vez iniciado el procedimiento legal, la dependencia buscará que los sitios en cuestión sean limpiados y los desechos ahí vertidos sean trasladados a un sitio autorizado para su disposición final, ya que los tiraderos clandestinos pueden representar un foco de infección y peligro para la población”, aseguró.
Por último, la titular de la SPA dijo que en caso de que los dueños de los inmuebles hagan caso omiso a las indicaciones legales, podrían ser acreedores a sanciones económicas que van desde los 200 hasta los 20 mil salarios mínimos vigentes en el Estado, según el Artículo 187 fracción segunda de la Ley de Protección al Ambiente para el Estado de Baja California; y 32 fracción segunda de la Ley de Prevención y Gestión Integral de Residuos para el Estado de Baja California.
