Tijuana, Diciembre 22, 2016.- La fracción parlamentaria del partido Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) se opone tajantemente a la nueva Ley del Agua que aprobaron los diputados de la fracción del PAN con la complicidad del PRD y Movimiento Ciudadano, expresaron los legisladores Víctor Manuel Morán Hernández y Catalino Zavala Márquez.
Los representantes populares mencionados expresaron que esta ley es el inicio de la privatización del servicio de agua potable, además de que lastimará la economía familiar de los bajacalifornianos, ya que contempla incremento en las tarifas, y determina suspensión del servicio a quien incumpla con el pago por más de 90 días.
Evidentemente, apuntan, “no tenía por qué aprobarse en esos términos, pero los panistas recurrieron al mayoriteo, sin importarles la afectación a las familias de escasos recursos; por lo que es procedente una controversia constitucional para echarla abajo”.
“Asimismo, proceden amparos basados en el perjuicio al bolsillo de quienes menos tienen, así como al desarrollo económico de la región”, advirtieron los diputados del partido MORENA.
Víctor Morán manifestó su reconocimiento a los diputados del PRI, PES, PBC y PT que votaron también en contra, observando que se puede alegar anticonstitucionalidad porque la controversial ley fue aprobada por mayoría simple y debió aprobarse por mayoría calificada, lo cual obviamente no tienen los diputados panistas interesados en la privatización del servicio.
El argumento de aplicar la Ley de Participaciones Público Privadas (APP) es solamente un pretexto para “armar” negocios entre los panistas actualmente en el poder, y privatizar un servicio que debe brindar el Estado, no unos particulares, pues el agua no es una mercancía, es declarada un derecho universal humano, replicó Víctor Morán.
Los puntos de controversia de la nueva legislación que entraría en vigor a partir del próximo año se centran en el dominio de la iniciativa privada en la “prestación total o parcial del servicio público” que implican la ejecución de obras de infraestructura hidráulica y proyectos; el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas y la administración, operación y mantenimiento total o parcial de los sistemas destinados a la prestación de los servicios de agua potable, drenaje y alcantarillado.
Con la justificación de “capitalizar, mejorar, ampliar y hacer más eficientes y eficaces los servicios públicos”, contempla la concesión de servicio a través de contratos por licitación o adjudicación directa de Asociación Público Privada (APP) y la concesión de los bienes necesarios para la prestación del servicio.
Además, “las concesiones se otorgarán por el tiempo necesario para recuperar las inversiones y obtener la utilidad razonable que debe percibir el concesionario el cual no podrá exceder de treinta años pudiendo prorrogarse hasta por un periodo igual al establecido inicialmente”, indica el documento.
A diferencia de la Ley que reglamenta el Servicio de Agua y los Organismos Reguladores, en este nuevo ordenamiento se establece la reducción o suspensión total del servicio de agua potable a los usuarios morosos, lo que contraviene a tratados internacionales y la Constitución federal.
De igual forma fija un aumento a las tarifas de agua de alrededor de 20 por ciento, las cuales entrarán en vigor el próximo año fiscal y se actualizarán por si misma a través de una fórmula que considera la inflación, la Unidad de Medida y Actualización (UMA), la estimación del Gasto corriente, incluyendo los costos de operación fijos y variables del año; y el incremento en et índice Nacional de Precios al Consumidor, por lo que cada año se incrementará la tarifa sin la necesidad de ser aprobada por el Congreso.
Asimismo, la Ley elaborada por el Poder Ejecutivo desaparecerá las cuatro comisiones de Servicios Públicos, para dar paso a dos “Zonas Metropolitanas”: Zona Costa y Mexicali; una abarcará el servicio de Tijuana, Ensenada, Playas de Rosarito y Tecate, y la segunda operará el agua potable de la capital del Estado.
Asimismo marca que es necesaria una nueva reglamentación en el servicio público del agua porque habrá una disminución de 130 millones de pesos en participaciones federales y se requiere de 22 millones de pesos para la reposición de herramientas y equipos de trabajo de las brigadas de mantenimiento y laboratorios de agua potable y residual.
En resumen, concluyen los diputados de MORENA, Víctor Morán y Catalino Zavala, existen muchos elementos discutibles y no debe proceder la puesta en vigencia de dicha Ley, que como antes se indicó, debió aprobarse por mayoría calificada, y demandarán entonces que se quede la ley actual como está, hasta en tanto se discuta la nueva Ley y se le hagan los cambios necesarios, que no perjudique a los ciudadanos.
