ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 21 DE DICIEMBRE DEL 2016.- Ante la Imposición de la Ley del Agua de Baja California, mediante el voto mayoritario de los diputados panistas que no permitieron el debido proceso legislativo de análisis de una iniciativa turnada por el Gobernador, actuando de forma parcial y bajo consigna para facilitar la privatización del servicio del agua en sus distintas etapas y procesos.
Esto desde nuestro punto de vista es de alto riesgo porque toda empresa privada busca obtener ganancias por sus servicios lo que no se hace desde la esfera pública. Con lo que el acceso al agua dejará de ser un derecho humano para convertirla en una mercancía, así lo señaló la diputada local por el Partido del Trabajo (PT) Lic. Claudia Agatón Muñiz.
Ante esta situación – subrayó la legisladora ensenadense – en conjunto con la sociedad civil, mi equipo de asesores y el apoyo jurídico de profesionistas buscaremos las mejores alternativas para dar marcha atrás a esta decisión unilateral que pone en riesgo el acceso al agua para cientos de miles de familias en el Estado que pasaran de ser usuarios a clientes de empresas privadas.
“Nos preocupa además, que en esta ley de aguas del Gobernador, las empresas operadoras serán quienes de forma unilateral fijen las cuotas y tarifas por consumo de agua u otros servicios como el alcantarillado y tratamiento de aguas. Al no tener que poner a consideración del Congreso una política tarifaria para sus ingresos”, lamentó Agatón Muñiz.
La diputada del PT en el Congreso Local dijo que por tal razón “convocaremos a la sociedad para impulsar la realización de un referéndum si se está de acuerdo en la privatización del servicio del agua y en que los organismos operadores incrementen sustancialmente y sin tomar en cuenta al congreso el precio y los aumentos por el servicio de agua y drenaje”.
“Invitare también a abogados democráticos, colegios de profesionistas, académicos y pueblo en general para que analicemos y decidamos de forma conjunta como llegar a plantear con éxito una acción de inconstitucionalidad, y en su caso interponer denuncias ante la Comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos y ante la corte interamericana de derechos humanos”, destacó Claudia Agatón.
Toda vez que las disposiciones de esta ley, atentan contra los derechos consagrados en ordenamientos legales como lo son los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de Convenios Internacionales en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pues se atenta no solo contra una mejor calidad de vida de las personas sino que se pone en riesgo la salud de las mismas.
La diputada Agatón Muñiz mencionó “hacemos un llamado a actuar unidos y coordinados sin distinciones partidistas y sin prejuicios políticos anteponiendo el interés ciudadano, los derechos humanos y la legalidad”.
Además convocaremos también a los empleados y trabajadores de las Comisiones de servicios públicos de Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada para establecer medidas que no pongan en riesgo sus empleos ante la fusión de estos organismos y ante la privatización de los servicios de agua potable, alcantarillados, tratamiento y reúso de las aguas, concluyó.
