Mexicali, B.C., jueves 8 de diciembre de 2016.- La diputada Claudia Josefina Agatón Muñiz del Partido del Trabajo, presentó ante el Pleno un punto de acuerdo por medio del cual exhorta al Gobernador Francisco Arturo Vega de Lamadrid y a la Procuradora General de Justicia del Estado, Perla del Socorro Ibarra Leyva a que rindan cuentas ante este Congreso, en relación a los actos de extorsión y hostigamiento en contra de los periodistas y libertad de prensa.
Solicitó además que la XXII legislatura exhorte a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, para que inicie las investigaciones sobre dichos delitos llevados cabo por el Ejecutivo Estatal en contra de periodistas de Baja California.
En su exposición de motivos, se refirió a la situación que fue denunciada por la periodista Adela Navarro Bello. Se agrega a la lista el periodista Antonio Heras, quien sin prueba alguna ha sido sujeto a diversos procesos penales, evidentemente falsos, responsabilizando al gobernador Vega de la Madrid en su afán de coartar la libertad de expresión.
“Hay que recordar que desde el 13 de marzo del año 2015, se reproduce día con día el hecho continuado de violar la libertad de expresión a través del conocido subterfugio consistente en suspender la publicidad de carácter público en medios de comunicación a los que se considera críticos”, resaltó Claudia Agatón.
“No es un hecho aislado -dijo- pues la autoridad local ha perpetrado otras violaciones a derechos fundamentales que hacen pensar que se trata de una práctica sistemática que aleja cada vez más al gobierno de dicha entidad del Estado de Derecho”.
Incluso ese año, la Cámara de Senadores aprobó un punto de acuerdo presentado por legisladoras de todas las fuerzas políticas, por medio del cual se reprueban las expresiones discriminatorias del Titular del Poder Ejecutivo que afectan a las mujeres, agregó.
Por otro lado, la legisladora señaló que en lugar de dar respuesta a los jornaleros del valle de San Quintín que anunciaron pacíficamente su inconformidad, el mismo alto funcionario optó por reprimir a los campesinos que ante la falta de atención a su pliego petitorio tomaron las calles para hacer público su rechazo a las condiciones infrahumanas en las que realizan su trabajo en los sembradíos.
Tanto este antecedente como la violación a la libertad de expresión manifestada por decenas de periodistas en una carta pública de fecha 11 de Noviembre, son episodios violatorios a libertades civiles y falta de satisfacción a derechos sociales, que colocan al Baja California en el umbral de ausencia del orden constitucional.
Puntualizó que en este mismo contexto, destaca el ataque del gobierno del Estado a los diarios la Crónica de Mexicali y el Frontera de Tijuana y de Ensenada, ya que a través del boicot publicitario, se pretendió inhibir su trabajo informativo.
