POR Ignacio Acosta Montes
TIJUANA B.C.-En los primeros días de escuela, todos los mexicanos escuchamos que el derecho a la educación está consagrado para todos los nacidos en este país en nuestra Constitución. Pocas cosas se saben tan bien por tantos, como el hecho de que el Artículo Tercero Constitucional garantiza la educación. Lo que ya no se sabe tan generalizadamente -y más bien se oculta cuanto se puede- es que tal derecho se viene acotando y limitando día con día, como parte de las medidas que el modelo económico actual pone en marcha para paliar la crisis que pone en peligro su existencia. En efecto, una de las contradicciones más letales de la llamada economía de libre mercado, capitalismo sin eufemismos, consiste en el hecho de que con el desarrollo portentoso de las modernas fuerzas productivas ha logrado producir un volumen tal de riqueza, como jamás se vio en la historia, que se pueden satisfacer cabalmente las necesidades fundamentales de toda la humanidad, pero siempre a condición de que tengan con qué pagar el costo de los productos del trabajo, puesto que todos ellos asumen la forma de mercancías. Junto a esta inmensa capacidad productiva desarrollada por la sociedad, convive la más intensa explotación que los trabajadores hayan sufrido en cualquier otra época, incluidas las formas esclavistas: millones de personas sin casa, sin alimento, sin salud, atropellados en su dignidad humana en las más diversas y crueles manifestaciones y, por supuesto, con una muy limitada capacidad de compra. ¿Cómo sobreponerse a esta contradicción de la descomunal capacidad productiva moderna y la depauperación de las grandes masas que deberían ser las consumidoras? Marx respondió a mediados del siglo XIX: “De dos maneras: destruyendo violentamente una gran masa de fuerzas productivas y conquistándose nuevos mercados, a la par que procurando explotar más concienzudamente los mercados antiguos.”
Es así como todo se convierte en mercancía y se explotan nichos de mercado antes inimaginables, buscando colocar los capitales ociosos y mantener un ritmo siempre creciente de acumulación y ganancia para los grandes monopolistas. Todo se convierte en mercancía en el capitalismo moderno y la educación no es la excepción, con lo cual el derecho constitucional a la misma va quedando sujeto a la posibilidad o no de pagar por ella, de comprarla, como se compran las tortillas, un carro o una casa. Con dinero baila el perro. La tendencia a la privatización de la escuela en México queda evidenciada en el crecimiento de la matrícula en los últimos diez años: 8.5 por ciento en las privadas contra 1.3 en las privadas. No es cuestión de gustos, de que los padres o los jóvenes elijan libremente y porque tienen además mucho dinero para hacerlo, estudiar en escuelas particulares; se ha puesto en marcha un proceso de aniquilación contra les escuelas oficiales, dejándolas en el abandono, limitándoles los recursos para su funcionamiento: según el “Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial, 2013”, 42.2 por ciento de las escuelas no están conectadas a la red de drenaje; 57 mil no tienen agua potable; 23 mil 283 (11.2 por ciento) carecen de sanitarios y 20 mil 111 (9.6 por ciento) no tienen energía eléctrica; 14 por ciento no tienen mobiliario para alumnos. El proceso privatizador está en marcha, en la mira de los enemigos de la educación popular se encuentran especialmente las escuelas nacidas gracias a la lucha de la propia comunidad de padres de familia, estudiantes y maestros. Defender la existencia de las escuelas populares y de la educación pública en general es defender el derecho del pueblo y de sus hijos a prepararse para construir una mejor Patria, más justa y democrática.
Por ello es que desde Baja California manifestamos nuestro total respaldo a la Preparatoria “Rafael Ramírez”, ubicada en la colonia Huizaches en Culiacán, Sinaloa, que viene sufriendo reiterados ataques con el objetivo de despojarla de alrededor de 5,000 metros cuadrados de su terreno. La arbitraria agresión, por supuesto, precisa cubrir con algún taparrabo sus vergüenzas: la maniobra consiste en argumentar que dicha superficie se destinará a proyectos de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). Pero la Rafael Ramírez es ya una institución consolidada, que ha entregado a la sociedad sinaloense trece generaciones de bachilleres: cerca de millar y medio de jóvenes mexicanos se han alejado de la violencia, la delincuencia y el narcotráfico, que azotan de manera particularmente grave a la juventud del noroeste de México, para acercarlos a la educación, el deporte y la cultura gracias a la preparatoria Rafael Ramírez que les abrió nuevos y más sanos horizontes para su desarrollo, y la tranquilidad y orgullo de sus padres.
En mi carácter de Coordinador Regional del Movimiento Antorchista en el Noroeste, hago un atento y urgente llamado al señor Rector de la UAS, Dr. Juan Eulogio Guerra Liera, a los gobernadores, Constitucional y electo de Sinaloa, Lic. Mario López Valdez y Lic. Quirino Ordaz Coppel, así como también a los presidentes municipales de Culiacán, en funciones y electo, Sergio Torres y Jesús Valdez, para que se establezca una mesa de trabajo que garantice: 1) el respeto al terreno que ocupa la Preparatoria Rafael Ramírez y el mejoramiento de su infraestructura; 2) el apoyo para el desarrollo de los proyectos de la UAS, brindándole los terrenos necesarios, pero sin afectar a una institución tan bondadosa y consolidada en el ánimo de los vecinos de la zona, como la hoy amenazada. Esperamos su decisiva, inteligente y solidaria intervención. A los antorchistas de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur, los convoco a mantenernos atentos al desarrollo del conflicto, listos y dispuestos para apoyar en las formas que sea necesario, sabedores que de ser preciso contaremos con la solidaridad antorchista de todo el país.
