EMITIDOS POR EL CONGRESO

• Para ello, Dip. Marco Antonio Corona plantea reformar la Constitución local

Mexicali, B. C., lunes 7 de noviembre de 2016.- El diputado Marco Antonio Corona Bolaños Cacho (PRI) propuso una reforma al artículo 27 de la Constitución local, con el propósito de que cuando la autoridad exhortada no dé una respuesta dentro del plazo establecido, ésta deberá comparecer, según se determine, ante el Pleno del Congreso o ante alguna de sus comisiones, dependiendo de la materia sobre la cual verse el punto de acuerdo. Lo anterior, a fin de que las diversas autoridades respondan formalmente al exhorto realizado.
Por otro lado, la modificación constitucional establece que en el supuesto de que el servidor público exhortado no comparezca dentro del plazo otorgado, se propone sancionarlo de conformidad con la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado.
Corona Bolaños Cacho expresó que una de las facultades del Poder Legislativo, consiste en emitir puntos de acuerdos económicos y exhortos dirigidos a diversos servidores públicos de los distintos órdenes de gobierno sobre algún tema de interés público y, que por lo mismo, refleja el consenso mayoritario del Congreso.
Agregó que la finalidad de estos es que se atienda una problemática social, pero que desafortunadamente “es común que las autoridades exhortadas no atienden esta clase de acuerdos, incluso a pesar de que la mayoría de estas peticiones se suscitan en virtud de una situación calificada como de urgente y obvia resolución y, que por ende, requieren de una pronta solución”.
En ese sentido, indicó que su propuesta va en el sentido de impulsar “mecanismos que permitan propiciar y fortalecer la corresponsabilidad para incrementar las capacidades de respuesta institucional, pues a final de cuentas, el bienestar de los bajacalifornianos debe ser una meta común de las autoridades locales”.
El legislador Marco Antonio Corona puntualizó que los ciudadanos exigen y merecen resultados, y para ello es necesario fortalecer la corresponsabilidad en el quehacer público, así como redimensionar los alcances del principio de colaboración de poderes y de la coordinación institucional.
“Bajo esta realidad, establezcamos medidas que propicien la construcción de un orden jurídico enfocado a satisfacer las expectativas sociales de una manera pronta y suficiente”, concluyó.