ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 10 DE OCTUBRE DEL 2014.- Una iniciativa de reforma que busca incorporar en la legislación local la figura del “indulto excepcional”, es decir, establecer la posibilidad de que el ejecutivo estatal pudiese otorgar dicho beneficio en casos excepcionales en los cuales se acredite que existieron violaciones graves y sistemáticas en perjuicio de un ciudadano, las cuales le impidieron que pudiese acceder a un debido proceso y adecuada defensa, fue presentada ayer ante el pleno del Congreso por el Diputado del Partido del Trabajo (PT) Armando Reyes Ledesma.
La iniciativa turnada a comisión –explicó Reyes Ledesma- pretende cumplir a cabalidad la obligación de esta entidad de gobierno de garantizar a los ciudadanos que en nuestra legislación estatal se prevean mecanismos que sirvan para reparar violaciones a derechos humanos en términos del artículo primero de nuestra constitución federal. El indulto es una prerrogativa del gobierno que concede la libertad o anulación de pena.
El legislador ensenadense explicó en su exposición de motivos que día a día son constantes las expresiones ciudadanas que refieren que algún ente de gobierno comete violaciones a derechos humanos. En efecto, la reforma al artículo primero de la Constitución Federal trajo consigo una serie de mecanismos y responsabilidades a las que todo funcionario y servidor público está obligado a observar desde los distintos ámbitos de competencia con la finalidad proteger y garantizar los derechos humanos y, por consecuencia, el estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos.
Por consecuencia, es evidente que en la actualidad existe un vacío legislativo al no contemplarse soluciones excepcionales a los inocentes, respecto de los cuales recayó una sentencia condenatoria injusta motivada precisamente por la falta de una adecuada y oportuna defensa.
De acuerdo con el legislador, esta medida obliga a que los cuerpos policíacos encargados de procurar justicia y a los jueces impartidores de justicia, a que no violen los derechos humanos de las personas. A que las detenciones no sean arbitrarias y a eliminar la práctica de la tortura como método para hacer confesar a los detenidos. Así mismo para que cuando se detenga a alguna persona indígena, esta pueda contar con intérpretes y traductores que le apoyen en la causa que se le siga. Hoy en Baja California nuestros órganos procuradores e impartidores de justicia, tienen que ser respetuosos de los derechos humanos, del debido proceso y de aplicar los controles convencionales y constitucionales.
