TIJUANA B.C.-Las acciones en materia de vivienda han pasado en nuestra entidad de casi 46 mil en 2008 a 34,464 en 2013. Vaya a usted a saber qué significa “acción de vivienda”, pues en muchas ocasiones valen lo mismo (es decir se considera “acción”) a la construcción de una casa o pie de casa, la venta de un lote de interés social, o la entrega de un vale de mil pesos para que se adquieran algunos materiales de construcción. Pero sin que tengamos la posibilidad de investigar y precisar de qué es de lo que se está hablando, el hecho mondo y lirondo es que las “acciones” en cada año disminuyeron en más de 11 mil en el transcurso de cinco años. (El dato se maneja en la página 121 del Plan Estatal de Desarrollo vigente). Ello por sí solo no indica ningún problema ni error, pues sería plenamente justificado si la población necesitada de dichas acciones fuese, al igual que ellas, a la baja. Sin embargo, tal situación está muy lejos de la realidad. En el citado Plan, apartado 5.4 “Vivienda digna y sustentable”, se lee: “En esta materia, el problema central en el Estado es el limitado acceso a la adquisición de vivienda, así como las condiciones precarias del inventario habitacional existente, principalmente de familias con ingresos limitados, tanto en zonas urbanas como rurales.” Y más adelante se precisa que de cada diez empleos en el estado, seis son de carácter informal y, además, mal pagados pues, según la Encuesta Económica del INEGI 2013, el 81% tiene ingresos a 5 salarios mínimos, menos de diez mil pesos al mes, cuando de acuerdo con el Observatorio de Salario de la Universidad Iberoamericana el mínimo debería de ser de 16 mil 400 pesos. Lógica es, en consecuencia, la conclusión que sacó el equipo del señor Gobernador del Estado, Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid de asignarle a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), la tarea de “generar la oferta masiva de suelo, destinados a la creación de fraccionamientos socialmente progresivos, de interés social, y certificados con proyecto urbanístico y servicios básicos para la población de bajos ingresos”. La SIDUE, atendiendo lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2019 establece en el punto 67 de su “Plan Estratégico” (algo abajito, pero allí está) un “Programa Progresivo de Suelo Urbanizado y Vivienda”, para “materializar un programa de fraccionamientos sociales progresivos autosustentables en todo el estado con los servicios básicos (agua, luz y drenaje), para abatir el déficit de suelo urbano en el estado, con el propósito principal de promover el acceso a una vivienda digna, en un entorno más humano y costeable al sector de la población menos favorecida”, encargándole al Instituto de la Vivienda (INDIVI) la tarea de hacerlo realidad y calculando una inversión de mil millones de pesos pero… (allí es donde la puerca tuerce el rabo, como dicen en mi rancho) sin destinarle un solo peso, pues esos mil millones para aliviar la necesidad de vivienda de una población creciente como la de nuestra entidad, deben salir, según la SIDUE, de la inversión privada, léase de empresarios dispuestos a invertir en la vivienda. Empresarios que, como todos sabemos, nunca dan paso sin huarache, si invierten un peso es porque piensan ganar dos, o cinco, o diez.
Pensemos que el problema está bien estudiado, bien planteado, que se establecen las acciones necesarias. Pero a la hora de saber qué hacer con esa información, en lugar de concluir que se tiene la obligación de canalizar los dineros públicos para cumplir con los mandatos que establecen las constituciones de la República y del Estado, así como el decreto que crea el INDIVI y las metas del Plan Estatal de Desarrollo se detecta un área de oportunidad para que inviertan los socios o los cuates de los gobernantes en turno. Nada diferente se puede concluir del análisis de los documentos estratégicos en materia de vivienda. A la mitad de su sexenio, muy cerca ya de su tercer informe de gobierno, el licenciado Vega de Lamadrid, debe voltear los ojos hacia lo que ocurre, o no ocurre, en materia de vivienda en su gestión, de cambiar la política seguida hasta hoy en esta materia pues nada que demuestre que sus funcionarios actúan considerando a la vivienda para los que menos tienen como un asunto prioritario y estratégico.
Para los sin techo, para los precaristas, para los que viven hacinados o en zonas de riesgo, por supuesto que es prioritario y estratégico resolver esta necesidad, por ello es que el Movimiento Antorchista encabezará una MARCHA POR LA VIVIENDA POPULAR el próximo 12 de septiembre en la capital del estado, que concluirá en Palacio de Gobierno en donde se establecerá un campamento permanente, un plantón, hasta conseguir que se resuelvan peticiones de regularización, de lotes de interés social y de mejoramiento de la vivienda en diversos municipios y colonias. Casos urgentes son, por poner ejemplos, los de Villas del Valle en Mexicali, la colonia Antorcha Campesina 1 en Tijuana y Lomas de la Presa en Ensenada. Esperamos una pronta, decisiva y favorable intervención del jefe del ejecutivo estatal.
Ignacio Acosta Montes
Dirigente estatal del Movimiento Antorchista de Baja California
