SE CASTIGARÁ PENALMENTE AL FUNCIONARIO QUE AUTORICE URBANIZAR SUELOS QUE NO CUMPLAN REQUISITOS DE LEY
- El Pleno aprueba una propuesta del Dip. Roberto Dávalos para hacer una adición al artículo 293 del Código Penal
- Actualmente solo hay responsabilidad administrativa para los servidores públicos que autorizan urbanizar en suelos irregulares
Mexicali, B. C., viernes 5 de agosto de 2016.- Por unanimidad, los diputados del Congreso del Estado aprobaron una iniciativa que adiciona la fracción XVII al artículo 293 del Código Penal, mediante la cual queda establecido que todo servidor público comete el delito de abuso de autoridad, “cuando otorgue permisos, autorizaciones o aprobaciones, para urbanizar o fraccionar el suelo, en cualquiera de las etapas en que se encuentre y sea omiso en verificar o exigir que los interesados cumplan con todos los requisitos previstos en la ley y sus reglamentos”.
El inicialista es el legislador Roberto Dávalos Flores, quien argumentó en la exposición de motivos que su propuesta se debe a que muchas familias de Baja California se han enfrentado a serios problemas al adquirir viviendas que están fraccionadas en terrenos cuyas condiciones son irregulares.
Resaltó que muchos fraccionadores han obtenido permisos aún en contra de los requisitos exigidos por la legislación y sus reglamentos vigentes, lo que ha derivado en denuncias e inconformidades de muchas familias contra conocidas inmobiliarias.
El representante popular perredista detalló que, incluso, muchas de las casas ofertadas y adquiridas por los clientes no contaron con agua potable y energía eléctrica, entre otras carencias, lo que engloba todo esto una violación al debido uso de suelo.
Informó que muchos conjuntos habitacionales en la entidad, no cuentan con acciones de urbanización torales como el acta del cabildo, en donde se autoriza la incorporación del suelo rural al desarrollo urbano y la reincorporación para la construcción de las unidades habitacionales.
Además de que no cuentan con fianzas de garantía en obras de urbanización, así como de las actas de entrega y recepción que debieron realizar las constructoras y las autoridades de los ayuntamientos para municipalizar los servicios públicos de los fraccionamientos, con autorizaciones de fraccionamiento, fusión, subdivisión y relotificación de los terrenos.
“Sin lugar a dudas debe preocuparnos esta situación, y nuestra obligación es establecer medidas legislativas que, en lo posible, ayuden a disminuir la incidencia, regulando obligaciones y prohibiciones más severas en la ley de responsabilidades de los servidores públicos del Estado”, subrayó Dávalos Flores.
Esta iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados local, será enviada al Poder Ejecutivo para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
