Por Jaime Flores Martínez
Pus
TIJUANA B.C.-Descubierto en una desaseada estrategia enmarcada en la doble moral, el psicólogo-perito Ernesto Moreno Almaraz sudó “la gota gorda” ante tan desesperada madre de familia. Por culpa de este profesionista la señora Karla perdió la custodia de su hijo Nicolás de 9 años.
Y es que—descaradamente– el psicólogo Moreno realiza un doble juego al fungir como psicólogo- perito en el Segundo Juzgado de lo Familiar y al mismo tiempo atiende a Nicolás en calidad de paciente en su consultorio privado.
La mañana del 4 de julio personal de la Procuraduría de Justicia de Baja California irrumpió en el domicilio de la señora Karla para cumplimentar “una orden de cateo” girada por el juez de lo familiar Gustavo Adolfo Villarespe Muñoz. La diligencia realizada a las 6:30 de la mañana tenía como objetivo llevarse a Nicolás de la casa materna para entregarlo a su padre biológico que había demandado la custodia.
Aunque casos similares se apretujan en los juzgados familiares, este asunto llama especialmente la atención por un perceptible aroma a dinero.
Sólo así podría explicarse que el juez Villarespe haya emitido su fallo a una velocidad extraordinaria y sin escuchar siquiera a la contraparte. Es incomprensible que a la madre de Nicolás no se le concedió el derecho de audiencia y mucho más que la ejecución del fallo la emitió el juez precisamente el día previo al inicio del periodo vacacional en los juzgados.
Así la señora no podría reclamarle al juez su rosario de irregularidades entre ellas la sorprendente agilización del proceso. Tampoco podría cuestionarle el sospechoso e increíble diagnóstico psicológico emitido por Ernesto Moreno Almaraz.
La tarde del 25 de septiembre, la señora Karla descubrió que el perito que sugirió al juez Villarespe entregar la custodia al padre de Nicolás, era también su psicólogo particular. Su ex esposo había tejido la red para despojarla de la custodia de un niño que –en este caso–semeja la carnada en una caña de pescar.
Al margen de eventuales conflictos maritales o intrigas familiares, el sentido común deja ver la existencia de contubernio entre los actores que representan a la autoridad y un personaje que hizo lo necesario para conseguir la custodia de su hijo.
Como abogado fiscalista, este hombre tiene los recursos económicos necesarios para conseguir que la justicia actúe en su beneficio y con una velocidad inusitada. La madre del niño se muestra extrañada por la actitud de su ex esposo pues ni siquiera ofrece a Nicolás un periodo suficiente de atención paternal.
El padre del niño realiza constantes viajes fuera de la ciudad y por ello la custodia del menor recae en sus abuelos.
Justo el pasado 27 de junio el juez Villarespe admitió la demanda de Leonardo Valencia, padre de Nicolás, quien debió calcular perfectamente sus alcances. Lo sospechoso es que 11 días después el mismo juez emitió un acuerdo donde ordena la notificación respectiva.
El actuario Oscar Alonso Ledezma, descarado lambiscón del demandante (o beneficiario directo del generoso Leonardo) ordenó que–6 días después– la autoridad se apersonara en la casa materna para sacar al niño para entregarlo a su padre. !Vaya velocidad!
Villarespe había tomado tan importante decisión con solo leer el contenido de una agenda de notas y un cuaderno de tareas que había entregado al psicólogo Moreno. Éste último encontró que Nicolás presentaba el trastorno de Déficit de Atención por Hiperactividad (TDH) situación que puede ajustarse a la realidad pero que el contexto general no se concibe.
Resulta muy sintomático que el juez Villarespe no se haya tomado la molestia de escuchar la versión de la señora Karla, pues se supone que un impartidor de justicia tendría que escuchar todas las versiones antes de emitir su juicio. En esta parte al señor juez le valió verdura.
De la misma forma no se entiende como el perito psicólogo pasó por alto la ética profesional al convertirse en Juez y parte.
Si bien el niño estaría mejor bajo la custodia de su padre (porque allí encontraría la disciplina necesaria para obtener una buena conducta) la realidad es que tantísimo desaseo empañó un proceso donde la víctima es un pequeño de tan sólo nueve años. Aunque sea solamente una especulación, el aroma dinero envuelve este asunto.
Hank
Mucho interés tiene “alguien” en la permanencia de Andrés Garza Chávez y Carlos Jiménez Ruiz como integrantes del Consejo de la Judicatura del Estado de Baja California.
Se sabe que un jovencito que despacha como legislador local es promotor de una iniciativa que intenta que los consejeros tengan la oportunidad de repetir periodo. De esta forma sus 6 años se convertirían en 12 y extenderían su beca.
El Consejo de la Judicatura se encarga de revisar y evaluar a jueces y magistrados, situación que les ofrece un amplísimo margen de maniobra. Las negociaciones en ese nivel están a la orden del día.
Un dato; Jiménez y Chávez están identificados con el grupo del ingeniero Jorge Hank Rhon.
Ahí estaría la respuesta
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