- A través de SEPESCABC se buscan acuerdos con Baja California Sur y CONAPESCA para fortalecer la estrategia de inspección y vigilancia
ENSENADA, B.C.- Sábado 09 de abril de 2016.- Con la intención de frenar la pesca ilegal, el Gobierno del Estado que encabeza el Gobernador Francisco Vega de Lamadrid, busca fortalecer la estrategia de inspección y vigilancia en toda la península, para lo que se promueven acuerdos con el Gobierno de Baja California Sur y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA).
Matías Arjona Rydalch, Secretario de Pesca y Acuacultura del Estado (SEPESCABC), destacó que la CONAPESCA tiene a Baja California como una de las entidades que requieren mayor atención, dada la extensión de sus litorales y las características de las especies que aquí se reproducen, mismas que representan un atractivo especial para los pescadores furtivos.
El funcionario estatal explicó que se pretende encauzar un frente peninsular, en el que los gobiernos de ambos estados, con la participación de las organizaciones de productores, y el Gobierno Federal a través de sus instituciones, puedan cerrar el cerco a quienes cometan actos en contra de los recursos naturales.
Al respecto, indicó que el Contralmirante Mario Castanedo Peñúñuri, Director de Inspección y Vigilancia de la CONAPESCA, manifestó total su disposición de respaldar esta acción, misma que está considerada en la reestructuración de las acciones de la institución federal en esta materia.
Arjona Rydalch reconoció que la presencia de la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR), así como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), juegan un papel importante en el combate contra la pesca ilegal, dado el despliegue del personal en todo el territorio.
Afirmó que dentro de las especies más castigadas por los delincuentes destacan la langosta, el abulón, el erizo de mar, la almeja generosa y el pepino de mar, aunque lamentó que en últimas fechas se han detectado cargamentos de totoaba y tortuga caguama.
Finalmente señaló que en esta estrategia es importante la actuación de las autoridades jurisdiccionales, quienes deben aplicar la ley a quienes cometan estos delitos, ya que de ello depende en buena medida la preservación de las especies.
