· Pide que estos no firmen una carta responsiva y que se les brinde un servicio de transporte digno y seguro como pasajeros
· Los accidentes son comunes y no se garantiza la integridad de los usuarios, por lo que este servicio “es una bomba de tiempo para los jóvenes”
· El exhorto fue presentado ante el pleno por la diputada Margarita Corro
Mexicali, B.C., jueves 25 de febrero de 2016.- La diputada Cynthia Selene Ruiz Ramos exhortó al director del Instituto de la Juventud de Baja California (INJUVE), Manuel Rudencio García Fonseca a no solicitar cartas de extensión de responsabilidad a los estudiantes del Valle de Mexicali y a que gestione la manera de tener más camiones para brindarles un servicio digno y acorde a sus necesidades.
En su exposición de motivos, señala la inicialista que cualquier persona que viaja en avión, camión e incluso en transporte público, se encuentra asegurada como pasajero, sin embargo dichos estudiantes no tienen más opción que utilizar el transporte que el INJUVE pone a su disposición, pero se les condiciona su uso hasta que firmen una carta responsiva.
Textualmente, la carta responsiva obliga a los usuarios a aceptar que: “recae la responsabilidad en mi persona por cualquier suceso y/o imprevisto que se llegara a presentar al momento de utilizar el servicio”.
Por ello, ¿Quién en el mundo utilizaría un medio de transporte que te pida firmar algo así? ¿Qué tipo de gobierno le puede condicionar un derecho a una persona dejándola en estado de indefensión ante una catástrofe? ¿Qué tipo de gobierno puede ser tan cínico que abandone a su población en “cualquier suceso y/o imprevisto que llegue a suceder al momento de utilizar el servicio?, cuestionó Cynthia Ruiz.
Ante esta situación, consideró que el pedirles a los estudiantes del Valle de Mexicali que renuncien a sus derechos, con tal de prestar un servicio, “es un abuso del Gobierno del Estado ante la necesidad, es discriminatorio y es vergonzoso”.
Agregó que este servicio, también conocido como “El Comunder”, tiene un costo de mil trescientos cincuenta pesos por estudiante al semestre, de forma completamente desproporcionada y recaudatoria, considerando que “aún incluso cobrándoles, no pueden garantizarles su seguridad”.
Esto debido a que en las rutas en donde transita, los accidentes son comunes y no se garantiza la integridad de sus usuarios, por lo que es una bomba de tiempo para los jóvenes, que son la promesa para Baja California, resaltó.
La legisladora expresó en su documento que: “el Gobierno del Estado, obligando a los alumnos a renunciar a seguridad con tal de poder estudiar, fomenta un piso desigual de oportunidades y vuelve a la discriminación una política pública”.
A un estudiante que viva en la mancha urbana nunca se le ha pedido que renuncie a sus derechos con tal de que se le actualice la garantía de alguno, ¿Entonces por qué los estudiantes del Valle si se les pide que pongan sobre la balanza su educación o su seguridad?
Puntualizó que en pleno siglo XXI, es vergonzoso encontrarse con una actitud clasista, discriminatoria y abusiva, como la que enfrentan por parte del gobierno los estudiantes del Valle de Mexicali.
Cabe mencionar que la propuesta de la diputada Cynthia Ruiz, fue presentada ante el pleno en la sesión de este jueves, por la diputada Margarita Macrina Corro Arámbula.
