Siete de cada diez detenidos en BC, víctimas de tratos crueles, inhumanos o degradantes
Pretende crear un instrumento jurídico eficaz que establezca medidas de atención, protección y reparación integral a víctimas de estos delitos
Mexicali, B.C., jueves 21 de enero de 2016.- En Baja California el delito de la tortura se ha incrementado, teniendo como estadística que siete de cada diez detenidos en la entidad denuncian haber sido víctima de tratos crueles e inhumanos o degradantes, por parte de las autoridades y servidores públicos, advirtió René Mendívil Acosta.
El coordinador de la bancada tricolor, al presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes para el Estado de Baja California, a nombre de los grupos parlamentarios del PRI, PT y PVEM.
Mendívil Acosta destacó que el objetivo fundamental de su iniciativa es crear un instrumento jurídico eficaz que establezca las medidas de atención, ayuda, asistencia, protección y reparación integral a las víctimas de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, así como establecer dichos tipos penales, la distribución de competencias y formas de coordinación entre las autoridades estatales y municipales para prevenir, investigar y sancionar estos delitos.
“Quienes suscribimos la presente iniciativa, proponemos una Ley necesaria en nuestro Estado, acorde a los principios y tratados internacionales, que se adecua a las normas de derecho interno y que pone por encima los intereses de las víctimas de estos delitos, para lograr una mayor y mejor coordinación entre las autoridades de Baja California para la prevención, investigación y sanción dichos delitos”, subrayó el legislador.
Con esto, dijo que se dará un paso hacia delante para impulsar una política de prevención, que vincule transversalmente a todos los órganos de la administración pública y que se dirija a alcanzar la paz y la justicia social, como condición necesaria para el desarrollo óptimo del individuo en la sociedad.
“Estamos convencidos que resulta necesario transitar a una política de Estado de corresponsabilidad entre poderes, órdenes de gobierno y ciudadanía, por ello, estamos comprometidos a impulsar las reformas necesarias que permitan combatir de manera eficaz la delincuencia, los tratos inhumanos o degradantes, la torturo y abatir los índices de seguridad”.
Para el eficaz cumplimiento de lo establecido en la Ley que se propone, se plantea la creación de una Unidad Especializada en los delitos a que se refiere la ley, misma que estará a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
En su exposición de motivos el legislador citó como ejemplo que el 16 de junio de 2009, Ramiro Ramírez Martínez, Rodrigo Ramírez Martínez y Orlando Santaolaya Villarreal fueron detenidos por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el municipio de Playas de Rosarito, sin orden de aprehensión o presentación y fueron torturados.
