* Que se sancione a la persona que no cuente con el permiso o concesión y preste el servicio de transporte público de pasajeros
* Movilidad y transporte es uno de los retos de las grandes ciudades, para una calidad de vida digna, indicó el diputado David Ruvalcaba Flores
Mexicali, Enero de 2016.- Uno de los retos más importantes a los que se enfrentan las ciudades en crecimiento, es el tema de la movilidad y el transporte público, los cuales representan un elemento indispensable para su desarrollo y para una calidad de vida digna de sus habitantes, equiparado a los derechos fundamentales consagrados en la Carta Magna, tales como la educación, trabajo, salud, vivienda y seguridad social, indicó el legislador David Ruvalcaba Flores.
Estos dos elementos, presentan inconvenientes cuando no se cuenta con una planeación, infraestructura y regulación eficiente, para este importante tema de interés público, otorgando así áreas de oportunidad para que la delincuencia encuentre nuevas formas para fortalecer sus actividades criminales, agregó.
Por ello en ciudades como Tijuana, que cuenta con la mayor cantidad de habitantes en nuestro Estado y considerada como una de las más importantes del país, resulta evidente el hecho de que existan múltiples conflictos en materia de seguridad pública, saturación en vías de comunicación y transporte público ineficiente, entre otros.
Así lo indicó al presentar ante el pleno en la sesión de este jueves, una iniciativa para que se adicionen los artículos 257 BIS, 257 TER, y 257 QUATER al del Código Penal para el Estado de Baja California.
Según información proporcionada por la Secretaria de Seguridad Pública del Estado, dijo el legislador que en la Entidad uno de los “modus operandi” utilizados por la delincuencia organizada para ocultar sus actividades ilícitas, es la utilización de unidades de transporte público apócrifas, para el trasiego de droga o de los mismos criminales, lo cual para las corporaciones policiacas, aumenta el grado de dificultad para la identificación y persecución de estos criminales.
De igual forma, estas unidades de transporte, son utilizadas en la comisión de delitos contra la libertad y seguridad de las personas como extorsión y secuestro en sus distintas modalidades, inhibiendo así que la víctima este en posibilidades de resistir o repeler el ataque, agregó.
Por otro lado, es de resaltar el alto índice de delitos sexuales cometidos en contra de mujeres, a bordo de unidades de transporte público piratas, valiéndose los delincuentes para perpetrar dichos crímenes, de unidades clonadas o piratas.
Aunado a lo anterior, es oportuno comentar, que la clonación de unidades de transporte público, genera también parte del desorden vial y competencia desleal con los concesionarios de este servicio, sin que la autoridad tenga elementos para castigar este tipo de conducta, salvo las sanciones administrativas previstas en los reglamentos municipales.
“Por ello, la seguridad pública y social en Baja California, deben representar en el día a día, nuevos retos que requieren de manera constante contar con soluciones y alternativas que posibiliten evolucionar a la par de las necesidades de una sociedad cada vez más demandante”, expuso.
Por ello propuso que se imponga una pena de seis meses a dos años de prisión y multa de cien a trescientos veces el salario mínimo vigente en el Estado, a la persona que sin contar con el permiso o concesión correspondiente o alterando los términos y condiciones que se contengan en él, preste el servicio de transporte público de pasajeros en Baja California.
También que se sancione con pena privativa de libertad de dos a cuatro años y multa de trescientos a mil veces el salario mínimo vigente en el Estado, a quien dirija, organice, incite, induzca, obligué, promueva o patrocine a otro u otros, a prestar el servicio público de transporte de pasajeros, sin contar con el permiso o concesión correspondiente.
