ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 20 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- Es urgente que el alcalde Gilberto Hirata Chico actúe con rigor para sancionar y llamar a cuentas a los concesionarios del transporte público en Ensenada, por la decisión unilateral de incrementar los costos de la tarifa de transporte en más de un 35% de su costo original, así lo señaló el diputado del Partido del Trabajo Armando Reyes Ledesma.
Esto debe hacerse por que en los términos de la ley general de transporte público del estado se establece en su artículo primero que: Las disposiciones derivadas de la presente Ley, son de orden público e interés social y tiene por objeto establecer las bases generales mediante las cuales los Municipios del Estado de Baja California, proporcionarán el servicio y regularán el ejercicio de sus atribuciones en materia de transporte público dentro de sus jurisdicciones. Son sujetos de la aplicación de la presente Ley y de los Reglamentos Municipales que en la materia expidan los Ayuntamientos, las autoridades, las entidades y organismos públicos o privados, y las personas físicas o morales, permisionarias o concesionarias, que otorguen el servicio de traslado de pasajeros o de carga, o bajo cualquier modalidad realicen las actividades a que se refiere el presente ordenamiento y la reglamentación respectiva, explicó el legislador presidente de la Junta de Coordinación Política de la XXI Legislatura de Baja California.
Además de que en el artículo 2 de la misma norma jurídica, se señala que es un derecho de los usuarios del transporte público el respeto a las tarifas autorizadas, incluyendo las tarifas preferenciales para estudiantes, adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad; y también se establece con toda claridad que las tarifas para el cobro del transporte público de pasajeros, se fijarán de acuerdo con las condiciones y circunstancias de la prestación del servicio en cada municipio, de modo que permitan a los concesionarios y permisionarios, una ganancia económica justa en relación con el importe de la contraprestación a cargo de los usuarios, así como realizar nuevas inversiones en equipo e instalaciones adecuadas para el servicio.
Reyes Ledesma comentó que las características del estudio socio-económico, así como el procedimiento para su determinación, se establecerán en el Reglamento. Y en esta ocasión estos preceptos legales han sido violados por lo que la determinación unilateral de los transportistas que tienen las concesiones del servicio público de pasajeros resulta inaceptable por ir contra el interés público y por ser ilegal y arbitraria. De tal forma que el presidente Hirata, los funcionarios de la dirección de transporte y los regidores deben actuar para sancionar con apego a la ley y el reglamento a quienes están afectando a los ciudadanos.
El transporte de pasajeros es un servicio público, esto debe quedar claro para todos, no es un negocio de particulares sino un servicio concesionado y en donde los concesionarios están obligados a respetar la ley. Es un abuso que va en detrimento de la mayoría de la clase trabajadora, de amas de casa y estudiantes que atraviesan además por una difícil situación económica, esto es injusto a todas luces y se tiene que actuar en consecuencia con determinación y con total apego al marco legal. Aquí no se valen consideraciones políticas ni privilegios a organizaciones gremiales. El interés público exige que los gobernantes actúen conforme a derecho y eso se tiene que hacer para proteger a los usuarios del transporte público, dijo para concluir el diputado Armando Reyes Ledesma.
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