- “Cualquier persona que quebrante la ley, debe asumir las consecuencias de sus actos”
- Auditor Superior de Fiscalización investigará posibles irregularidades administrativas
Mexicali, B.C., jueves 6 de agosto de 2015.- Con la aprobación del acuerdo de la Junta de Coordinación Política, presentado ante el pleno por el Diputado René Adrián Mendívil Acosta, para que se investigue presunta intervención de comunicaciones del gobierno del Estado, la XXI podrá citar a comparecer a servidores públicos involucrados en el caso.
Será el Auditor Superior de Fiscalización al que le corresponde realizar una exhaustiva investigación por la presunta adquisición de equipo destinado a la intervención de comunicaciones o “espionaje”, por parte del Gobierno del Estado.
De la misma forma investigará sobre la capacitación de servidores públicos para dichos fines y la instalación del mismo en oficinas del Poder Ejecutivo de Baja California y sobre cualquier irregularidad administrativa que derive del uso y destino de recursos públicos respecto a este tema, indicó el Coordinador del Grupo Parlamentario del PRI.
Le corresponde al Poder Legislativo el ejercicio de la función fiscalizadora y dada la especial relevancia del caso, el Auditor Superior de Fiscalización deberá inaplazablemente informar el día lunes de cada semana de los avances y desahogo del proceso de investigación a la JUCOPO, a través de su diputado presidente.
Al darle lectura a la exposición de motivos, Mendívil Acosta hizo hincapié en que el papel de la denuncia periodística cobra la mayor importancia, pues en el ejercicio de la profesión, los medios de comunicación y los ciudadanos en general, por encima de cualquier interés personal o de grupo, contribuyen al control y fiscalización de los recursos públicos y a la actuación conforme a derecho de los servidores públicos.
Por ello indicó que los diputados inicialistas del PRI, PT, PEVM y PES, solicitaron ante la JUCOPO que este Poder Legislativo investigara la presunta intervención de comunicaciones privadas en el Estado, luego de que diversos medios de comunicación nacionales y locales publicaron que más de un millón de correos electrónicos de una empresa dedicada a la venta de equipo destinado al espionaje, fueron filtrados a través de la página de internet de la organización no gubernamental denominada wikileaks.
Subrayó que los medios de comunicación dieron cuenta de la presunta vinculación del secretario de Planeación y Finanzas; de la oficial mayor del Gobierno del Estado y otros servidores públicos y empresarios locales, en la adquisición e instrumentación con recursos públicos de un sofisticado sistema de espionaje político, así como el uso de aeronaves del gobierno, el pago de bienes y servicios con erario público para tales fines.
Por ello, esta Soberanía consideró necesario desplegar el mayor de los esfuerzos institucionales para coadyuvar al esclarecimiento del caso, “pero sobre todo, para enfatizar que cualquier persona que quebrante la ley, debe asumir las consecuencias de sus actos”, enfatizó.
Finalmente puntualizó que la erradicación o disminución de manera importante del fenómeno de la corrupción en el servicio público no es un planteamiento idealista; obliga a la sociedad y a los poderes públicos; requiere voluntad, educación, políticas públicas efectivas, transparencia, abatimiento de la impunidad y ordenamientos jurídicos adecuados que contribuyan a la cultura de la legalidad y a revertir la brecha de desigualdades que existe en México.
