· Se complementaría a la realizada anteriormente
· Continúan signos de irregularidades
Mexicali, B. C., 4 de junio de 2015.- Con carácter de urgente fue solicitada por la diputada Rosalba López Regalado una nueva auditoría del presupuesto Ejercido de Octubre a Diciembre de 2014, así como de los trimestres posteriores de la entonces Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, y de igual forma, del proceso de entrega-recepción con el que inicia sus funciones la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Dicha petición fue presentada durante la sesión ordinaria ante el pleno del Congreso local, en dónde fue aprobada con una votación de 10 legisladores presentes a favor y 7 en contra, por lo que deberá ser efectuada por el Órgano de Fiscalización Superior de Baja California.
La también Presidenta de la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Poder legislativo indicó que durante el 2014 el mismo ORFIS llevó a cabo una auditoria que arrojó datos preocupantes sobre diversos movimientos financieros irregulares y contrarios a la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público que derivaron en una denuncia penal.
“Ahora que ha cambiado no solo de titular si no de denominación es que manifestamos nuestra preocupación por que se revise la situación que guardan el presupuesto al cierre del ejercicio 2014, así como los meses que van del 2015 y que forman parte del proceso de entrega-recepción, mismo que, de acuerdo a la Ley de la materia, es un proceso de interés público, de cumplimiento obligatorio y formal, que deberá efectuarse por escrito”, señaló López Regalado.
La legisladora precisó que la auditoría deberá contener, entre otros temas, la nómina que labora en la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos, situación por demás importante para conocer si los movimientos de personal son acordes a derecho.
Deberá incluirse, dijo, todos los manejos financieros que, de acuerdo a la citada Ley de Entrega y Recepción de los Asuntos y Recursos Públicos, deberán ser analizados y en su caso requerir al titular saliente, Arnulfo de León Lavenant, ante cualquier irregularidad en un término de 30 días y estar así en condiciones de aplicar la Ley de Responsabilidades.
“Desde inicios del año 2014, hemos tenido conocimiento de la existencia de diversas irregularidades que han impactado severamente las finanzas públicas de las que disponía la entonces Procuraduría de Derechos Humanos y Protección Ciudadana, desde diversos adeudos por el pago de finiquitos a empleados que estaban pendientes y otros que aún se encuentran pendientes de pago por despidos injustificados”, puntualizó la diputada tijuanense.
