El estudio que presentó Matías Arjona Rydalch a la Conapesca, no tomó en cuenta a la flota de Baja California
Ensenada, BC.-Mayo 19 de 2015.-Serán más de 250 pescadores y prestadores de servicio de pesca deportiva los que se verán afectados –gravemente- por las incongruencias y e incertidumbre que han generado las acciones del Secretario de Pesca del Estado Matías Arjona Rydalch, al presentar un documento a la Comisión Nacional de Acucultura y Pesca (Conapesca) para el manejo del atún aleta azul para 2015, señaló Gerardo Sánchez Cordova, presidente del Comité de Pesca Deportiva y Actividades Náuticas de Ensenada.
Explicó que luego de las recomendaciones de la Comisión Interamericana del Atún Tropical (CIAT) a México en donde se establece una cuota de 3 mil toneladas para el país, el Secretario de Pesca en Baja California al ser consultado por la Conapesca para proponer la distribución de la cuota, únicamente tomó en cuenta a 3 empresas que hacen aprovechamiento comercial de la especie.
“El funcionario, trasgrediendo los principios de legalidad, equidad e imparcialidad, únicamente ha buscado favorecer a la empresa Acuacultura de Baja California en la que tiene intereses económicos muy claros, por ello decidió no tomar en cuenta a otra empresa –Tunamax- ni a toda la flota de pesca deportiva del estado” dijo.
El representante de la pesca deportiva en Ensenada, manifestó que la resolución de la CIAT C-14-06 en ningún momento plantea para la actividad, la modalidad de “Atrapa y Suelta” que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.
“Este fue otro de los temas que Arjona Rydalch no peleó para Ensenada, él únicamente está preocupado porque le destinen una cantidad importante de toneladas a la empresa con la que hace negocios” dijo.
El posicionamiento del Gobierno del Estado hacia la pesca deportiva en Baja California y en Ensenada específicamente, lacera –enormemente- la economía de más de 500 familias poniendo en riesgo la actividad en un entorno económico que es adverso, resaltó.
Puntualizó que se llevarán a cabo todas las acciones jurídicas y sociales que permitan hacer del conocimiento de la autoridad federal, la importancia de la actividad en Baja California para evitar que las acciones del Secretario continúen inhibiendo el crecimiento y desarrollo de la actividad en la región.
