- Se busca constituir un catálogo de valores que deberán observar los servidores públicos
Mexicali, B.C., viernes 8 de mayo de 2015.- El diputado Gerardo Álvarez Hernández presentó ante el Pleno de la XXI Legislatura Iniciativa para la creación del Código de Ética para los Servidores Públicos de Baja California, cuyo propósito es constituir un catálogo de valores y principios que deberán ser aplicados por funcionarios y empleados de la administración pública estatal y municipal que participan o coadyuvan en las funciones del ejercicio público.
En la máxima tribuna del Estado, el diputado panista refirió que la ética, como disciplina teórica, versa sobre un marco de reflexión ideal para que todo ser humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto y justo.
“Estamos convencidos que en nuestro Estado, el servidor público debe ser un promotor de valores y principios en la sociedad, basado en una cultura de transparencia, honestidad y objetividad en el desarrollo de actitudes y compromiso consigo mismo, con la sociedad y con las instituciones a las que representa”, expuso el legislador.
Gerardo Álvarez explicó que la ética no sólo está vinculada con el ámbito personal, sino también con el público, “por ello consideramos muy importante la creación de un marco normativo que describa y desarrolle ampliamente la ética y los valores que se deben practicar en el contexto del servicio público, en el entendido de que el factor humano en la función pública es una de las partes más importantes de la relación del Estado con la ciudadanía”.
La iniciativa presentada por Gerardo Álvarez a nombre de la fracción parlamentaria del PAN, así como de las fracciones parlamentarias del PEBC, PRD y Nueva Alianza, señala que en la actualidad, los funcionarios o servidores públicos de los tres órdenes de gobierno se encuentran obligados a respetar y salvaguardar los principios de legalidad, honradez, lealtad, excelencia, profesionalismo, objetividad, imparcialidad y eficiencia, y para asegurar este servicio, los entes gubernamentales aplican medidas técnicas y de control, pero hace falta implementar valoraciones sobre la actuación del servidor público desde los principios éticos que rigen su vida y su comportamiento.
“Esto ha incrementado la desconfianza de los ciudadanos en los empleados públicos, con las correspondientes repercusiones negativas respecto de la transparencia en la rendición de cuentas del gobierno y de las instituciones que representan”, argumentó el Diputado.
La Administración Pública Federal emitió, el 25 de julio de 2002, el Código de Ética de los Servidores Públicos Federales, por lo que se considera necesario que un mecanismo similar pueda incluirse en el marco normativo estatal para hacer más específica su aplicación, concluyó.
