Víctor Sevilla denuncia que el SITT fue desmantelado por la empresa operadora que representaba “Arturo NAPO Aguirre”
TIJUANA — Víctor Sevilla, representante de los transportistas de Altisa en Tijuana, denunció a través de redes sociales que el proyecto del Sistema Integral de Transporte de Tijuana (SITT) fue desmantelado por intereses particulares, señalando directamente a la empresa operadora Rodonte y a su entonces representante legal, el exregidor y empresario Arturo “Napo” Aguirre.
Sevilla calificó la situación como un grave problema social que perjudica directamente a la ciudadanía. Señaló que, a pesar de existir una infraestructura completa, estaciones y una inversión millonaria de recursos públicos, el servicio no opera y los tijuanenses continúan sufriendo las consecuencias, especialmente en días lluviosos, cuando los usuarios tienen que caminar por las calles ante la falta de transporte operativo.
Exigen cuentas y la reactivación del sistema
El representante de Altisa enfatizó que no existen impedimentos técnicos para reactivar el SITT, ya que la infraestructura está lista y no requiere de nuevas inversiones económicas, por lo que instó a las autoridades y actores involucrados a “ponerse a trabajar” y asumir su responsabilidad.
Asimismo, criticó que se pretenda beneficiar económicamente a una empresa que, según acusa, contribuyó a desmantelar el sistema. De acuerdo con conocedores del sector, la demanda actual busca cobrar del erario municipal una cantidad superior a los 1,600 millones de pesos del dinero de los tijuanenses a través de un juicio en contra del Ayuntamiento.
Acusaciones de conflicto de interés
En su declaración, Víctor Sevilla apuntó directamente al exregidor de Morena, Arturo “Napo” Aguirre, quien en su momento fungió como representante legal de la empresa transportista.
Diversos actores involucrados en el tema del transporte público han señalado que Aguirre, desde su posición como regidor en el Ayuntamiento de Tijuana, se ha dedicado a litigar con funcionarios públicos para lograr que la empresa —de la cual afirman que aún es socio— obtenga una millonaria indemnización a costa de los impuestos de la ciudadanía, priorizando intereses personales, mercantiles y de grupo político por encima de la movilidad urbana.
