ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 05 DE SEPTIEMBRE DEL 2014.- Un exhorto a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que se garantice en todo momento la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes, y en lo subsecuente, se eviten detenciones ilegales por falta de identificación oficial, aspecto físico o deambular en la vía pública, realizó enérgicamente ante la máxima tribuna del Estado el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política de la XXI Legislatura Armando Reyes Ledesma.
“En nuestra legislación, se establece que cuando una persona deja el municipio, estado o país donde reside o solía vivir para irse a vivir a otro lugar, se convierte en emigrante, pero si ésta persona llega a establecerse en un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante”, recordó el legislador ensenadense.
En su exposición de motivos Reyes Ledesma indico que la frontera México-Estados Unidos, en especifico en la zona fronteriza Tijuana-San Ysidro, es reconocida internacionalmente como la garita más visitada del mundo, cuyo fenómeno ha sido provocado por diversos factores, entre ellos el laboral, turismo, comercio, y en especifico, la pretensión de miles de migrantes que quieren acceder al vecino país en busca de una mejor calidad de vida en beneficio de sus familias.
El diputado petista apuntó que según el instituto Nacional de Estadística y Geografía de México (INEGI) el termino migración se refiere “al cambio de residencia de una o varias personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de mejorar su situación económica así como su desarrollo personal y familiar.
La precitada situación, agregó el legislador, ha provocado que a la inversa el municipio de Tijuana sea una de las fronteras que recibe más deportaciones diarias a nivel mundial.
Armando Reyes Ledesma puntualizó que según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Migración de México (INM) en el año 2010, se establece que con base en información registrada en los puntos oficiales de repatriación, en dicha anualidad hubo 469,268 eventos de repatriación de nacionales mexicanos provenientes de Estados Unidos, sin hacer la distinción entre los que fueron removidos o retornados. Del precitado número total de repatriaciones, 133,770 (el equivalente al 28%) se llevaron a cabo a través de Tijuana, siendo así que en dicha anualidad esa ciudad fronteriza recibió el mayor número de migrantes mexicanos deportados en 2010, con un promedio de 366 eventos de repatriación por día.
No obstante ello, uno de los principales problemas observados en relación con el flujo de personas migrantes que han sido deportadas y los procesos previos a su ingreso a México, consiste en que las representaciones consulares mexicanas no efectúan los trámites necesarios para que las personas migrantes permanentes en proceso de ser deportadas de los Estados Unidos ingresen al país con documentos oficiales de identidad, válidos para cualquier gestión y con un amplio periodo de vigencia.
Reyes Ledesma lamentó que la falta de un documento formal que identifique a las personas migrantes, en especial las permanentes, genera un alto nivel de inseguridad con respecto a su situación en la sociedad receptora: en el caso específico, en la Ciudad de Tijuana las personas deportadas no tienen posibilidad de trabajar si no cuentan con algún documento de identidad.
En consecuencia, dijo, ante la falta de documentación idónea no tienen recursos para sufragar los gastos básicos de vivienda y alimento y tampoco para regresar a sus lugares de origen.
Es por ello que debemos ponderar los derechos humanos de igualdad, debido proceso, libre tránsito y otros que se reconocen en nuestra constitución y en diversos tratados internacionales a favor de los migrantes.
“Por ningún motivo se debe considerar indocumentados en su propio país a los ciudadanos mexicanos que por alguna razón no poseen o no se trasladan con alguna identificación oficial”, señaló Armando Reyes Ledesma.
El diputado por Ensenada exhortó al C. Rodolfo Figueroa Pacheco, Delegado en esta entidad del Instituto Nacional de Migración; a la Lic. Perla del Socorro Ibarra Leyva, Procuradora General de Justicia del Estado; al Lic. Daniel de la Rosa Anaya, Secretario de Seguridad Pública del Estado; así como al Dr. Jorge Astiazaran Orci, Presidente Municipal de Tijuana, para que giren las instrucciones necesarias a los funcionarios a su cargo, con la finalidad de que se garantice la seguridad y respeto a los derechos humanos de los migrantes.
