ENSENADA, BAJA CALIFORNIA A 31 DE MARZO DEL 2015.- “No se vale que el diputado Molina y Félix Ojeda pretendan generar incertidumbre en el tema del juicio político para sacar raja política; ellos o mienten o son ignorantes en esta materia, pero que no pretendan acusarme de ocultar pruebas, yo no soy tapadera de nadie y mi voto fue para enjuiciar al ex alcalde Pelayo, no para salvarlo”, así lo declaró puntualmente el diputado Armando Reyes Ledesma.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado señaló que el juicio político implica un procedimiento para fincar responsabilidad política a un servidor público por haber incurrido en conductas que se deben sancionar mediante la destitución o inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. Además de que en algunos casos las conductas sancionadas pueden ser castigadas penalmente.
Por tal razón, el juicio político se ubica dentro del derecho público, toda vez que su objeto se encuentra directamente vinculado con los intereses públicos fundamentales y su buen despacho. En Baja California, este procedimiento se encuentra establecido en la Constitución local y es normado por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Sin embargo, explicó Reyes Ledesma, esta definición de juicio político y de quienes pueden solicitarlo así como de quienes y como pueden ser sujetos al juicio político se ha prestado a interpretaciones que no siempre dejan certidumbre al momento de aplicar los criterios de interpretación. Para algunos legisladores para iniciar el procedimiento de juicio político, la comisión jurisdiccional requiere pruebas ya que en la Ley se habla de elementos probatorios. Mientras que para otros solo se requieren indicios y que se reúnan los requisitos de la Ley.
Quien puede presentar y como se presenta este tipo de denuncias; durante qué plazos pueden ser sometidos y a partir de que momentos se contemplan estos plazos; que tipo de pruebas se requieren y en qué momentos deben ser ofrecidas.
Son algunas situaciones que no quedan explicitas ni del todo claro ni en la Constitución, ni en la Ley de Responsabilidades y esto ya ha sido debatido y analizado por quienes integran la Comisión Jurisdiccional. Por tal razón algunos legisladores estamos trabajando en iniciativas para clarificar este procedimiento y que el juicio político no seas usado como herramienta de difamación, de presión o revancha política y que tampoco sea tan general y difusa que pueda ser interpretada para dejar en la impunidad a funcionarios o ex funcionarios corruptos.
Este es el trabajo legislativo que tenemos que estar realizando y no tratar de montarse en estos temas para proyectarse políticamente y menos si en esa intención le mienten a los ciudadanos y nos acusan con falsedad de que nosotros ocultamos pruebas.
Yo reto al Diputado Molina y al Sindico Social de Ensenada a que públicamente y ante abogados y expertos en la materia de Juicio Político le entremos a este tema y que ahí presenten sus pruebas de que oculte información. Pero si no tienen estas pruebas y son congruentes con sus actos y palabras, les exijo a ambos una disculpa pública, concluyó el legislador Armando Reyes Ledesma.
