ENSENADA, BAJA CALIFORNIA .- Ante el incremento en los índices de fraude y extorsión telefónica en los hogares de Baja California, el diputado Armando Reyes Ledesma ha mostrado su enorme preocupación por cuidar la seguridad y el patrimonio de las personas que residen en la entidad.
El legislador ensenadense hizo referencia a los recientes datos publicados por la casa encuestadora Imerk, la cual señala que en ocho de cada diez viviendas del Estado se han recibido llamadas por teléfono de este tipo.
Reyes Ledesma alertó que a pesar de las medidas tomadas por parte de las autoridades, la extorsión bajo amenazas de secuestro o de muerte y los fraudes consistentes en supuestos concursos, siguen siendo prácticas cotidianas en los reclusorios, por lo que se requieren de nuevas medidas de protección para la seguridad de los habitantes.
El diputado del Partido del Trabajo señaló que ante las experiencias traumáticas que una extorsión implica, los usuarios de servicio telefónico, por recomendación de las autoridades en materia de prevención del delito y de procuración de justicia, han solicitado que sus datos personales ya no aparezcan en el directorio telefónico, trámite al que Telnor le denomina contar con un número privado que tiene un costo adicional mensual.
Armando Reyes considera que la anterior es sólo una de las tantas medidas de seguridad que se proponen y que si bien no solucionará el problema de las extorsiones telefónicas sí puede ayudar a disminuirla y mediante acciones estratégicas de las autoridades erradicar esta conducta.
El representante popular petista lamentó que en la sociedad no existe la cultura de la denuncia, además de que la gran mayoría de afectados tiene desconfianza en los funcionarios que imparten justicia, situación que se ve reflejada en la falta de denuncia de actos delictivos.
Por ello, Armando Reyes Ledesma hizo un llamado a la sociedad, a las autoridades municipales, estatales y federales y a sus compañeros diputados para trabajar en coordinación y de esta manera evitar que la delincuencia siga cometiendo abusos en esta materia, asimismo se requiere del compromiso de los funcionarios para ejercer su papel a favor de los afectados, así como el combate frontal a la delincuencia para erradicar estos delitos en los cinco municipios de Baja California.