• A propuesta de la Junta de Coordinación Política, que preside el diputado Fausto Gallardo

Mexicali, B. C., lunes 16 de febrero de 2015.- A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que preside el legislador Fausto Gallardo García, el Pleno del Congreso de Baja California aprobó de manera unánime, que se establezca: “2015 el Año de la Prevención y Atención Integral de las Adicciones”, con el objetivo de que los poderes del Estado, ayuntamientos y organismos autónomos inserten o publiquen en su documentación y correspondencia oficial dicha leyenda.

Durante la lectura de la iniciativa, el legislador del Partido Verde Ecologista de México refirió que recientemente se han recibido peticiones por parte de diversas organizaciones de la sociedad civil abocadas a la atención de las adicciones, mediante las cuales sus directivos han planteado la necesidad de crear una constante campaña de concientización, desplegada por los poderes públicos del Estado y relativa a la prevención y atención integral de las adicciones.

“Observamos con tristeza y preocupación el enorme incremento de éstas, situación que se agrava en los diversos municipios de nuestra Entidad. Tratándose de un tema complejo, ello nos obliga atenderlo de manera eficaz, olvidándonos del aspecto punitivo y recordando que las adicciones son una enfermedad y, por lo tanto, debemos atender como tal, no sólo desde el punto de vista jurídico, también complementando con una serie de programas de concientización a la población”.

Gallardo García reveló que según la Encuesta Nacional de Adicciones  del año 2011, se muestra una tendencia de crecimiento adictivo específicamente sobre el consumo de drogas, respecto a los años 2008 y 2002.

Abundó que debemos tomar en consideración que, de acuerdo a las estadísticas publicadas en la Encuesta Nacional de Adicciones, Baja California ha sido uno de los estados con mayor prevalencia de la región, sobre todo por los índices registrados en Tijuana, ya que en el año 1998, y más recientemente en 2005, se detectó un incremento en las adicciones a las drogas, lo que dio como resultado un consumo mayor al del resto del país.

El presidente de la Comisión de Reforma del Estado dio a conocer también que, de acuerdo a estudios epidemiológicos de pacientes atendidos en Centros de Integración Juvenil A. C., como el denominado “Consumo de drogas alguna vez en la vida”, surgieron los siguientes datos: uno, las drogas ilícitas de mayor consumo entre los pacientes de primer ingreso a tratamiento en Baja California son marihuana, metanfetaminas, cocaína, benzodiacepinas, inhalables, heroína, alucinógenos, éxtasis y crack.

Por otro lado, informó que las drogas que se encuentran por arriba de la media nacional en la entidad son marihuana con un 89.3 por ciento (nacional: 83.2); cocaína 42.2 por ciento (nacional: 34.7); metanfetaminas 49.9 por ciento (nacional: 14.8) y heroína 15.3 por ciento (nacional: 3.7).

Asimismo, indicó que en cuanto al consumo de alcohol y tabaco se registraron usos de 91.6 por ciento (nacional: 87.4) y 89.4 por ciento (nacional: 83.5%) respectivamente, mientras que la razón de consumo 2013, incluyendo alcohol y tabaco, fue de 3.7 hombres por una mujer.

Por último, el diputado Fausto Gallardo consideró que “las adicciones son el mayor reto al que ha enfrentado la sociedad moderna, debido principalmente a sus repercusiones sociales, económicas y políticas, y que son catalogadas como uno de los mayores problemas sociales y de salud pública, no sólo por las implicaciones en la salud física y mental, sino también por los aspectos legales y criminales que presenta, lo que sugiere utilizar todos los medios posibles para recordar a la comunidad en general que debemos participar con acciones alternativas, con el fin de fomentar la conciencia ciudadana y lograr la prevención al problema de las adicciones”.

• El documento fue dirigido a Luis Videgaray Caso, titular de la dependencia federal

Mexicali, B. C., lunes 16 de febrero de 2015.- La diputada local Rosalba López Regalado dio a conocer un exhorto en la máxima tribuna del Estado con el fin de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) agilice el procedimiento de importación de vehículos provenientes de Estados Unidos y se otorgue flexibilidad en el trámite de los mismos.

El documento fue dirigido a Luis Videgaray Caso, titular de la dependencia federal antes mencionada y en el mismo, la legisladora recordó que desde septiembre del año pasado se vio mermada la actividad de importación, toda vez que el 29 de agosto del 2014, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación, se expidieron las reglas de carácter general en materia de comercio exterior en los que se estableció que todo trámite requiere la autorización de autoridades aduanales de Estados Unidos.

Dicha medida, dijo, paralizó temporalmente todas las actividades de empresas importadoras, agencias aduanales y “yardas”.

Además –añadió- el 31 de diciembre de 2014, la Secretaría de Economía publicó un decreto en donde se detallan medidas que hacen casi imposible el trámite de importación definitiva al país de vehículos usados, pidiendo elementos como el certificado de origen o el documento comprobatorio de origen proporcionado por la compañía armadora del vehículo.

“Para culminar, en enero del presente año, la Secretaría de Hacienda prohibió, mediante decreto, la importación de vehículos usados de modelos anteriores a 2005 o incluso más recientes si son de corporaciones o fabricación asiática, aunado con ello el aumento de los costos por importación de vehículos y la lentitud en el proceso del trámite, generando con ello un escenario sombrío y de desconfianza para todo el sector importador en el País”, señaló López Regalado.

La congresista reiteró que dichas medidas impuestas por el Gobierno federal han afectado una actividad económica sumamente importante para nuestra región y provoco que en las últimas semanas se hayan bloqueado garitas, lo que también afecta al resto de los ciudadanos bajacalifornianos.

“Como representantes sociales debemos buscar una salida viable para este dilema, pues las dificultades para importar vehículos afectan a diversos sectores productivos y económicos, como refaccionarias, talleres mecánicos, pintores, carroceros, entre otras; asimismo, se propicia la disolución de fuentes de empleos de dichos giros, desamparando con ello a miles de familias y dejando a sus integrantes en estado vulnerable”, sostuvo la diputada del PAN.

El documento, presentado junto con los diputados Francisco Barraza Chiquete y Felipe Mayoral Mayoral, fue aprobado por unanimidad de los presentes, por lo que será enviado a la SHCP, esperando pronta respuesta de los funcionarios federales.

• “La sociedad bajacaliforniana merece una vida libre de estas fechorías”:JAMC
• Solicitó un trato más duro para policías y servidores públicos involucrados en este delito

Mexicali, B. C., lunes 16 de febrero de 2015.- El diputado José Alberto Martínez Carrillo presentó una iniciativa con la intención de reformar los artículos 224, 224 bis y 234 bis del Código Penal, a efecto de endurecer la penalidad para el delito de extorsión, ya que –afirmó– “la sociedad bajacaliforniana merece una vida libre de estas fechorías, y definitivamente elevar la penalidad va a traer por consecuencia su inhibición”.

El representante popular del Partido Nueva Alianza destacó que, en los últimos meses, se han hecho públicas denuncias de este delito, lo cual ha lastimado el quehacer diario de empresarios, comerciantes, agricultores, profesionistas y ciudadanos. Reveló que han aparecido varios reportajes periodísticos interesantes que dan cuenta de que este problema está afectando severamente a la entidad, donde incluso se involucran tanto a policías municipales como estatales.

“Y es precisamente con el derecho de piso, como modalidad de la extorsión, con lo que se han visto más afectados los ciudadanos en el Estado, por lo que si bien existe un esfuerzo del gobierno para prevenirlo con mecanismos específicos para la  denuncia y seguimiento a las extorsiones, sobre todo telefónicas, en el caso del derecho de piso hay una incidencia relevante que se puede corroborar en los datos oficiales que compila el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los indicadores de incidencia delictiva del fuero común 2014”, mencionó el legislador.

Martínez Carrillo planteó en su iniciativa una penalidad más alta para los policías de cualquier corporación de seguridad pública que se involucren en la comisión del delito de extorsión, así como también para funcionarios o quienes se ostenten como tales con el fin de incurrir en este hecho delictivo.

Dio a conocer que otro de los supuestos importantes que sugiere para agravar la pena, es cuando el autor del delito tenga alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares.

En ese sentido, el actual artículo 224 que establece una pena de 6 a 10 años y 400 días de multa, quedaría como sigue: “Al que para obtener un lucro obligue a otro a realizar u omitir un acto en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero, se le impondrá prisión de diez a veinte años y hasta quinientos días multa”

Asimismo, el diputado José Alberto Martínez pide la modificación del artículo 224 bis para que se agrave la pena de 20 a 30 años y hasta 600 días de multa, cuando se caiga en estos nuevos supuestos:

“V. Se emplee violencia física;

1. El autor del delito sea o haya sido, o se ostente como integrante de alguna institución de seguridad pública o corporación policiaca;

VII. El autor del delito sea o haya sido, o se ostente como servidor público, y se hayan utilizado los medios o circunstancias proporcionados por éstos;

VIII. El autor del delito  tenga o haya tenido alguna relación de confianza, laboral, de parentesco o de negocios con la víctima o con sus familiares”.