• El Pleno del Congreso también aprobó establecer reglas para recabar el testimonio de menores de 18 años en juicios de orden familiar

Mexicali, B. C., lunes 2 de marzo de 2015.- La XXI Legislatura de Baja California avaló por unanimidad en su pasada sesión ordinaria, el dictamen 24 proveniente de la Comisión de Justicia, el cual contiene la reforma a los artículos 662 y 664 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, con el propósito de eliminar la segunda junta de avenimiento cuando el divorcio entre los cónyuges sea por mutuo consentimiento.

El inicialista es el Dip. Juan Manuel Molina García, quien en su exposición de motivos explicó que la segunda junta de avenimiento “se hace ociosa cuando se trata de divorcios voluntarios, en donde los cónyuges concurren de manera conjunta y sin conflicto a solicitar la disolución del vínculo matrimonial, garantizando el bienestar de sus hijos por medio de un  convenio, simplemente porque ambos prefieren terminar la relación matrimonial en buenos términos, antes de afectar a sus hijos con conflictos largos y dolorosos”.

El representante popular de Movimiento Ciudadano afirmó que es un hecho que dentro del respeto a los derechos humanos, como es el ponderar la dignidad de quienes han decidido terminar una vida de matrimonio porque simple y sencillamente ya no es posible la vida en pareja, los legisladores deben garantizar que el camino para divorciarse sea sencillo y eficaz, en vez de  complejo y doloroso.

Molina García refirió que, con lo anterior, se busca privilegiar el acuerdo de las partes por la vía judicial pacífica con una sola junta, lo que agilizará los trámites de sanación familiar al acortar los tiempos de  tramitación, que no sólo afecta a las partes involucradas, sino también a sus hijos.

Por otro lado,  también fue aprobado el dictamen 25 de la mencionada Comisión, en el cual venía la propuesta de adicionar el artículo 353 bis al Código de Procedimientos Civiles, el cual establece reglas para recabar el testimonio de menores de 18 años de edad, cuando se vean involucrados en juicios de orden familiar.

El promotor de esta iniciativa aprobada es el Dip. Roberto Dávalos Flores, quien dentro de sus argumentaciones mencionó la falta de un procedimiento adecuado cuando los menores se ven forzados a comparecer ante un juez en materia familiar, en el caso de que los padres se estén divorciando.

El legislador explicó que los menores se someten,  primero,  al trauma  de ver destruido  su núcleo  familiar y, después, a tener que afrontar  un procedimiento judicial en donde se le van hacer preguntas y, en muchas ocasiones, no son asistidos por profesionales.

En ese sentido, Dávalos Flores propuso la práctica de  un examen psicológico al menor para verificar que esté en condiciones y así no causarle  daño a su salud mental; además, que éste deberá ser asistido por profesionales expertos en la materia, quienes lo guiarán durante el desarrollo de la diligencia.

Asimismo, establece que al menor se le deberá familiarizar  con el procedimiento antes de la comparecencia, protegerlo de cualquier intimidación, limitar  su presencia en  el tribunal y en el número de preguntas que le puedan hacer, así como fijar descansos para él.

El representante popular del Partido de la Revolución Democrática aseguró que  su iniciativa dispone, además, la asistencia a los menores en atención a su vida cotidiana, con lo cual se evitaría interferir en sus horas  de escuela o llamarlo en altas horas de la noche o de la madrugada, así como implementar  medidas de seguridad  para evitar el contacto con las partes y todos los demás elementos que  considere el juzgador, con el fin de proteger el interés superior del menor.

• El promotor es el Dip. Fausto Gallardo, del Partido Verde
• Fortalecerá el marco normativo en este tema, con el fin de proteger la salud de los ciudadanos y el cuidado de los recursos hídricos de Baja California

Mexicali, B. C., lunes 2 de marzo de 2015.- El Pleno del Congreso del Estado aprobó por unanimidad una iniciativa de reforma presentada por el diputado Fausto Gallardo García, la cual tiene el propósito de fortalecer el marco normativo relacionado con el tratamiento de aguas residuales y su reúso, como una medida para favorecer la protección de la salud de los ciudadanos y el cuidado de los recursos hídricos de Baja California.

La reforma propone la promoción del tratamiento de aguas residuales y su reúso; prohibir la descarga de desechos tóxicos, productos de proceso industrial y otros clasificados como peligros, a los sistemas de drenaje, ríos, manantiales, arroyos o canales de la entidad; así como incentivar a los usuarios de agua, principalmente a los no domésticos, para que desarrollen una infraestructura que permita su tratamiento y reúso.

Asimismo, promueve que las autoridades del Estado desarrollen más infraestructura que permita el mayor aprovechamiento de las aguas residuales tratadas; además de estimular a los desarrolladores y fraccionadores para que implementen acciones, con el objeto de que en las áreas verdes y demás actividades que resulten procedentes, se reúsen las aguas provenientes de uso doméstico.

“Los recursos hídricos en México, al igual que en el resto del mundo, son escasos. El crecimiento demográfico, la urbanización y el aumento en el consumo de agua en los hogares, la agricultura y la industria, han incrementado significativamente su uso, lo cual genera la necesidad de tomar medidas para la gestión sostenible del agua, siendo una de ellas, impulsar el tratamiento de aguas residuales y su reúso”, sostuvo Gallardo García en la exposición de motivos.

Puntualizó que “la falta de coordinación entre usuarios y autoridades, aunado a la falta de una adecuada política de tratamiento de aguas residuales y de reúso, conducen a la sobre explotación del agua potable, a la contaminación de ecosistemas, a la degradación de los suelos, así como a un impacto negativo sobre la seguridad alimentaria”.

Esta iniciativa aprobada, modifica el apartado denominado “Del reúso del agua” por “Del tratamiento de aguas residuales y su reúso”, además de reformar los artículos 111 y 112, y adicionar los artículos 113 al 123, todos de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en el Estado de Baja California.

El cambio establecido en el artículo 111 de la referida ley, tiene el propósito de especificar los supuestos en los cuales podrán sancionar los organismos encargados del tratamiento de aguas residuales y su reúso en Baja California. En ese sentido, dichos organismos podrán sancionar por daños a la infraestructura de los sistemas de alcantarillado; por azolves en tuberías y cárcamos, así como por el vertido de contaminantes que estén arriba de los límites permisibles requeridos por la Norma Oficial Mexicana aplicable.

Asimismo, se establece que dichos Organismos se encargarán de establecer y vigilar la operación de los sistemas de pretratamiento y tratamiento para asegurar el cumplimiento en la remoción y reducción de la concentración de contaminantes previo a su descarga; otorgar los permisos de descarga de aguas residuales provenientes de usuarios no domésticos; además de revisar los proyectos de las obras de los sistemas de tratamiento que se pretenden construir por parte de particulares, que descarguen a los sistemas de drenaje.

Algunos de los artículos adicionados, son los siguientes:

Artículo 114.- Corresponde a los usuarios no domésticos que efectúen descargas de aguas residuales a los sistemas de drenaje y alcantarillado, cumplir con lo estipulado en las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes, con las normas ambientales del Estado y con las condiciones particulares de descarga que le imponga el organismo encargado del servicio”.

Artículo 115.- Se prohíbe descargar a los sistemas de drenaje y alcantarillado, ríos, manantiales, arroyos, corrientes, colectores o canales localizados en el territorio del Estado, desechos tóxicos, sólidos o líquidos, productos de procesos industriales u otros clasificados como peligrosos conforme a las disposiciones de esta Ley y demás que resulten aplicables.

Artículo 122.- Se impulsarán medidas que incentiven a los desarrolladores de vivienda y/o fraccionadores, para crear la infraestructura necesaria con el objeto de que en las áreas verdes y demás actividades que resulten procedentes, se reúsen aguas provenientes de uso doméstico en los términos que establezca la normatividad aplicable.