APRUEBA EL CONGRESO ACUERDO SOBRE RECOMENDACIÓN NO VINCULANTE DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

● Dirigida a los Congresos Locales que en sus leyes anticorrupción consideran la creación del Sistema Estatal de Fiscalización

● Se turna a la Auditoría Superior del Estado dicha recomendación, para que emita su opinión técnica fundada

Mexicali, B.C., jueves 9 de febrero de 2023.- El Pleno del Congreso aprobó el acuerdo No. 19 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales, para que la Autoría Superior del Estado, emita su opinión técnica fundada, respecto de la recomendación no vinculante remitida por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Esta recomendación está dirigida a los Congresos de las entidades federativas que en sus leyes locales anticorrupción hayan dispuesto la creación de Sistemas Estatales de Fiscalización, para que realicen las reformas legales conducentes para la correcta integración y funcionamiento de los sistemas locales anticorrupción en términos de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción.
En la Comisión que preside el diputado Juan Manuel Molina García, pese a que nuestra Ley interior no define un procedimiento legislativo específico para los exhortos o recomendaciones provenientes de otras autoridades del país, se determinó atenderse en términos del artículo 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo.
Conforme a lo anterior, y en ánimo de atender la recomendación referida, las diputadas y diputados aprobaron por unanimidad, turnarla a la Auditoría Superior del Estado, con el objeto de que proporcione a esta Soberanía, opinión fundada sobre el asunto en particular y contar así con más y mejores elementos de valoración, para en su momento resolver lo que por derecho corresponda.
Esta XXIV Legislatura del Congreso del Estado, ha sido activa en la realización de esfuerzos que buscan consolidar el marco jurídico estatal en materia de Sistema Anticorrupción.
“Se han presentado diversas iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y a la Ley del Sistema Estatal Anticorrupción, siendo aprobadas mediante el Decreto 151, publicado en el Periódico Oficial del Estado No. 60, de fecha 17 de octubre de 2022”, detalló el legislador.

PROPONE DIEGO ECHEVARRÍA REFORMA PARA GARANTIZAR LA PROTECCION DEL DERECHO HUMANO A LA PROPIEDAD

• Buscan cambios al Código Civil para impedir derecho de propiedad cuando haya delito al invadir predios.

• Se trata de limitar la llamada prescripción positiva a delincuentes que han hecho de la invasión de predios su modus operandi

Mexicali B.C., jueves 9 de febrero de 2023.- El Congreso del Estado turnó a comisiones para su análisis y dictaminación, una iniciativa de reforma al Código Civil de Baja California por la que se pretende evitar que aquel que invada un bien inmueble en forma deliberada y por consiguiente cometa con un ello un delito, se le reconozca como suya esa propiedad, lo que se conoce como prescripción positiva.
En esencia van contra delincuentes que han hecho de la invasión de predios su modus operandi. Para el efecto, el diputado panista Juan Diego Echavarría Ibarra presentó una iniciativa de reforma a los artículos 1142 Y 1155, del Código Civil para el Estado de Baja California.
Se propone que el articulo 1142 quede así: La posesión adquirida por medio de un delito no se tendrá en cuenta para la prescripción. La persona que haya sido privada de la posesión de un bien por medio de un delito, o sus herederos, podrán recobrar el bien con sus frutos y accesorios en cualquier tiempo.
Se complemente con el cambio al artículo 1155.- La prescripción se interrumpe:
II.- Por denuncia penal, demanda o cualquier otro género de interpelación judicial, debidamente notificada al poseedor o al deudor en su caso.
Se considerará la prescripción como no interrumpida por la interpelación judicial, si el actor desistiese de ella, o fuese desestimada su demanda o denuncia penal.
Previamente se explica que la prescripción es un medio de adquirir bienes o de librarse de obligaciones, mediante el transcurso de cierto tiempo y bajo las condiciones establecidas por la ley.
La adquisición de bienes se llama prescripción positiva o usucapión y la liberación de obligaciones, por no exigirse su cumplimiento, se denomina prescripción negativa o extintiva.
Para la prescripción la ley fija un límite de tiempo para el ejercicio de los derechos, transcurrido el cual establece una presunción de renuncia o abandono de la acción para reclamarlos.
Este transcurso del tiempo que es la base de la presunción legal, puede quedar interrumpido por una actividad del titular del derecho que sea incompatible con su renuncia o abandono.
Así pues, el Código Civil del Estado, en su numeral 1155, establece una serie de hipótesis por las cuales puede quedar interrumpida la prescripción, a saber, si el poseedor es privado de la posesión de la cosa o del goce del derecho por más de un año, por demanda o cualquier género de interpelación judicial notificada al poseedor o al deudor en su caso, y por reconocimiento expreso o tácito de la persona cuyo a favor corre la prescripción.
Actualmente el numeral 1142 de la referida codificación sustantiva civil de la entidad, permite que la posesión que se adquiere por medio de un delito, sea apta para adquirir por prescripción.
Bajo tales premisas, se propone eliminar la posibilidad de que, a través de figuras como la prescripción adquisitiva de mala fe, esto es, la que se consigue por medio de la comisión de un delito, persista, puesto que no debe prevalecer en un estado de derecho, ya que implica “premiar” con la adquisición de la propiedad, una situación jurídica que nace de un hecho delictivo.
Se menciona que en los últimos tiempos se aprecian individuos que en grupo o grupos realizan diversas maquinaciones delincuenciales para hacerse de la posesión de bienes o derechos y eventualmente, de su propiedad. Lamentablemente, esta situación de anarquía y de inequidad es producida por la indebida procuración y administración de justicia, es decir, el estado mismo es consecuente a estas circunstancias.
Se propone establecer que la presentación de una denuncia penal, debidamente notificada, constituye un medio para interrumpir la prescripción.
La doctrina dispone que, de un hecho ilícito, no puede nacer un derecho. Por eso se propone la presente modificación, a fin de garantizar la protección del derecho humano a la propiedad.