REALIZAN DIPUTADOS Y AUTORIDADES MESA DE TRABAJO PARA ANALIZAR LEY DE SEGURIDAD ESCOLAR

• Coordinada por la Presidencia del Congreso del Estado, la Secretaría de Seguridad Ciudadana; de Educación y la CEDHBC

• Acuerdan firmar un Convenio para la revisión periódica de las pertenencias de los alumnos en los Centros Escolares “Operación Mochila”

Mexicali, B.C., jueves 1 de junio de 2023.- La presidencia del Congreso del Estado y autoridades de la Secretarías de Seguridad Pública, de Educación y de la CEDHBC realizaron una Mesa de Trabajo, con el objetivo de analizar el artículo 46 del capítulo VII, relativo a la denuncia y revisiones periódicas, de la Ley de Seguridad Escolar para Baja California.
Dicha reunión, efectuada en la Sala Mujeres de Baja California, Forjadoras de la Patria del Edificio del Poder Legislativo, tuvo como propósito acordar la firma de un Convenio para la revisión periódica de las pertenencias de los alumnos en los centros escolares “Operación Mochila”, en atención a el alza en la inseguridad que se registra.
Participaron en estos trabajos: el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Dip. Manuel Guerrero Luna, y el Presidente de la Jucopo, Dip. Juan Manuel Molina García; el Secretario de Educación del Estado, Gerardo Solís Benavides; en representación del Gral. Brig. D.E.M. Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, Secretario de Seguridad Ciudadana del Estado, Saúl Jaramillo García, y en representación de Miguel Ángel Mora Marrufo, Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Arturo Meza López, entre otros diputados, diputadas y autoridades.
Después del estudio y análisis, se acordó establecer fecha para la realización de la firma de Convenio, de acuerdo al artículo 46 de la Ley de Seguridad Escolar local, para poder aplicar el programa, teniendo como testigo al presidente de la CEDHBC y al Presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Así mismo, se establecieron, entre otras tareas, las siguientes: Realizar un exhorto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la CEDHBC para que, en conjunto con la Secretaría de Educación, revisen en una Mesa de Trabajo, el operativo a realizar o el llamado al 911 para desarrollarse en la institución educativa. Y llevar a cabo otros trabajos, para armar el protocolo con madres y padres de familia, y las citadas autoridades.
Otras de las tareas que se consideran realizar, son: Crear como Congreso del Estado, una línea de discursos en donde se planteen los valores de respeto, las obligaciones, derechos y sanciones, con los que cuentan los alumnos de los Centros Educativos, para manejarlo en los cierres de los ciclos escolares.

PROPONE DIPUTADA ROCIO ADAME ADICIONAR SUPUESTOS EN EL CÓDIGO PENAL PARA SANCIONAR A PERSONAS JURÍDICAS

• Se propone actualizar el Código Penal e instaurar un catálogo de delitos que pudieran fincar responsabilidad a las personas jurídicas

• Debido a que hay casos en los cuales las empresas son fachada de un ente criminal más organizado, con fines totalmente ilícitos

Mexicali, B. C. jueves 01 de junio de 2023.- Con el objetivo de actualizar el Código Penal del Estado y darle lugar a su aplicación, respecto a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la diputada Rocío Adame Muñoz, presentó iniciativa que reforma y adiciona los artículos 19, 19 BIS, 67 y 68 del Código en mención, para instaurar un catálogo de delitos de los cuales pudieran fincarles responsabilidad a las personas jurídicas, así como modificar las circunstancias que ya se venían previendo en este ordenamiento jurídico.
Al fundamentar su iniciativa, la legisladora Rocío Adame, indicó que el artículo 421 del Código Nacional de Procedimientos Penales es determinante, cuando menciona que “…las personas jurídicas serán penalmente responsables únicamente por la comisión de los delitos previstos en el catálogo dispuesto en la legislación penal de la federación y de las entidades federativas”.
Por lo que señaló que “es tarea de esta Soberanía el cumplir con dicho mandato, ya que, ante la ausencia de dicho catálogo en nuestro Código Penal, nos vemos limitados procesalmente a darles las herramientas a los Fiscales para que puedan obtener resultados procesales (tales como una sentencia) al ejercer acción penal en contra de las personas jurídicas”.
Dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales, se contempla un capítulo especial denominado “Procedimiento para Personas Jurídicas”, donde se crearon una serie de directrices básicas para la persecución criminal de los entes colectivos, como sujetos activos dentro del derecho penal, para regular el actuar de las sociedades (personas jurídicas) y que, ante la posible comisión de delitos cometidos bajo los requisitos señalados por la ley, se proceda a la investigación, ejercicio de la acción penal correspondiente y en su caso, a la aplicación de las sanciones.
En México, fue hasta el año 2014 que se legisló al respecto, sin dejar de señalar la existencia de múltiples grupos criminales, que organizadamente cometían delitos al amparo de personas jurídicas y que estas figuras procesales (responsabilidad de personas jurídicas) eran sumamente necesarias para inhibir los ataques a la economía, a la estabilidad social, política y en sí, el desarrollo de la nación. “Algo es muy cierto, Las personas jurídicas pueden beneficiarse del delito. Es por ello la existencia de esta figura jurídica, para regular la conducta no solamente de los individuos como gobernados, si no de las organizaciones que forman parte también, de nuestra sociedad”, añadió.
Las personas jurídicas también pueden y deben ser responsables de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, toman decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.
En nuestro orden jurídico, la Ley General de Sociedades Mercantiles y el Código de Comercio señalan los elementos necesarios para la constitución de una persona jurídica, sin embargo, hay casos en los cuales las empresas son fachada de un ente criminal más organizado, con fines totalmente ilícitos y que no ejercen alguna actividad dentro del comercio. Dada la naturaleza de estos entes las sanciones a imponer se acercan más a la privación de sus actividades o a su disolución.

PROPONE DIPUTADA ARACELI GERALDO ENDURECER PENAS POR DELITO DE EXTORSIÓN A COMERCIOS

• Reforma al Código Penal, prevé endurecer el castigo y sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión

• Cuando la víctima sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral

Mexicali, B. C. jueves 1 de mayo de 2023.- Ante la proliferación del delito de extorsión, que afecta al sector privado y representan un freno para la competitividad, el crecimiento y el desarrollo económico del Estado, además de poner en riesgo a los clientes que acuden a los establecimientos comerciales, la diputada Araceli Geraldo Núñez, presentó iniciativa que adiciona la fracción VIII del artículo 224 BIS del Código penal para el estado de Baja California.
La iniciativa de reforma al Código Penal, prevé endurecer el castigo y “sancionar hasta con una mitad más de la pena, al sujeto activo del delito de extorsión, cuando el sujeto pasivo del delito sea dueño, socio o trabajador de un establecimiento comercial, industrial, de prestación de servicios o centro laboral”.
Los organismos de seguridad y la propia ciudadanía reconocen que la extorsión ha aumentado en los últimos años. “Las organizaciones criminales aprovechan la violencia creada por su misma guerra, para vender una supuesta protección a los comerciantes, a clientes, etc., que más que consolar, inquieta por las amenazas de ocasionar daño, físico o material, si no pagan cierto monto”, cita el proyecto en la exposición de motivos.
Es importante identificar, que el delito de extorsión principalmente transgrede uno de los bienes jurídicos más importantes para todas las personas, el cual es su derecho fundamental al patrimonio, toda vez que, las personas que son víctimas de extorsión, son obligadas a realizar un pago o una contraprestación al sujeto activo de la conducta.
Por lo anterior, la intención legislativa es fortalecer y robustecer el Código Penal para el Estado, esto a efecto de que se pueda establecer una protección especial a la comunidad empresarial de esta Entidad, motivado por las múltiples extorsiones que se suscitan todos los días en los municipios del Estado. “Nuestro compromiso como legisladores es atender las demandas que nuestro representados manifiestan; por ello, atender los delitos de extorsión, desde las instituciones públicas correspondientes y con el marco normativo adecuado”, indicó la legisladora inicialista.