COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN REALIZA SU DÉCIMO SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA

• UABC obtuvo la máxima calificación en la evaluación realizada por la Comisión, en su Cuenta Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2020

Mexicali, Baja California, jueves 31 de agosto de 2023.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público, que preside la diputada Alejandra María Ang Hernández, llevó a cabo su Décimo Segunda Sesión Ordinaria, para el análisis de los informes individuales de Auditoría, para su discusión y en su caso aprobación de los proyectos de dictamen de las cuentas públicas de diez entes fiscalizados, correspondientes al ejercicio fiscal 2021.

En la sesión se pusieron a consideración de los integrantes de la citada comisión fiscalizadora, los proyectos de Dictamen a las cuentas públicas del Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Pública de Mexicali, del Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN), del Ayuntamiento de Tijuana, del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI), del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE), de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE) y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

En este sentido, las Entidades a las cuales no les fue aprobada la cuenta pública, fueron: el Patronato Alianza Empresarial para Seguridad Pública de Mexicali, al Instituto de la Infraestructura Física Educativa de Baja California (INIFE), del Fideicomiso Promotora Municipal de Tijuana (PROMUN), del Ayuntamiento de Tijuana y del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda para el Estado de Baja California (INDIVI).

Entre los temas recurrentes de las observaciones, derivadas de los resultados de la auditoría, se presentan la falta de documentación comprobatoria de gastos en distintos rubros, incumplimiento de metas de los Programas Operativos Anuales (POA), adjudicaciones directas, saldos antiguos en cuentas por cobrar sin evidencia de acciones tendientes a recuperar dichos saldos, no establecer en el POA y en la Matriz de Indicadores para Resultados los objetivos de los programas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, así como la erradicación de la violencia y discriminación, entre otros.

Por otro lado, se dictaminaron como aprobatorias las cuentas públicas del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada (INMUJERE), de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Baja California (SESEA), del Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California (INDE), del Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEE) y de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).

Cabe destacar que la UABC, obtuvo la máxima puntuación en la evaluación realizada por dicha comisión, mediante los parámetros cualitativos y cuantitativos, misma que fue reconocida por la Diputada Ang Hernández y las diputadas integrantes de la comisión fiscalizadora.

En la reunión se contó con la presencia y participación de las diputadas Alejandra María Ang Hernández, Liliana Michel Sánchez Allende, Amintha Briceño Cinco, Araceli Geraldo Núñez y Rosa Margarita García Zamarripa, además del Auditor Superior del Estado en funciones, Luis Gilberto Gallego Cortez, titulares y representantes de las entidades fiscalizadas.

DIP. MONSERRAT RODRÍGUEZ BUSCA CLARIFICAR LA DURACIÓN DEL CARGO DE MAGISTRADO DEL TJEBC

• Actualmente los magistrados electorales al terminar su encargo de 7 años, continúan en el cargo mientras el Senado designa a otra persona

• El Congreso Local sí tiene facultades para regular los mecanismos que regirán cuando exista una magistratura vacante

Mexicali, B. C., 31 de agosto de 2023.- A fin de clarificar que la duración del cargo de magistrado electoral es por un periodo de siete años, y evitar un acto de inconstitucionalidad, la diputada María Monserrat Rodríguez Lorenzo, presentó iniciativa para reformar la Ley del Tribunal de Justicia Electoral del Estado.

De acuerdo al artículo 68 de la Constitución Local, el Tribunal de Justicia Electoral de B. C. (TJEBC) se integra por tres magistrados electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de conformidad también con la Constitución Federal y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

Monserrat Rodríguez razonó en su diagnóstico legislativo que actualmente el artículo 12 de la ley mencionada, reitera que los magistrados electorales permanecerán en su encargo siete años, con la salvedad de que a la fecha de concluir su nombramiento, el Senado aún no ha realizado la designación de que se trate, continuarán en su encargo hasta en tanto ésta sea efectuada.

Dicha excusa ya fue analizada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; y a pesar de que en Baja California el legislador local así lo haya establecido, dicho Tribunal resolvió que este mecanismo es inconstitucional cuando la permanencia de la magistratura saliente excede los siete años establecidos en la LGIPE.

Además el resolutivo contiene que si bien, las legislaturas locales no tienen facultades para designar a las magistraturas locales, porque se trata de una facultad exclusiva del Senado, sí tiene facultades para regular mecanismos que regirán cuando exista una magistratura vacante, tanto temporal como definitiva.

Esto quiere decir que los congresos locales tienen la plena libertad para determinar el método a seguir ante una vacante de una magistratura.

“En consecuencia, al considerarse inconstitucional el procedimiento de permanencia, es necesario se ajuste la normatividad local, a fin de eliminar el vicio que subsiste”, expuso la legisladora inicialista.

Por lo cual se propone establecer que en caso de presentarse una vacante definitiva, ésta será comunicada a la Cámara de Senadores para el procedimiento de sustitución, y mientras tanto, la vacante sea cubierta con el Secretario General de Acuerdos del Tribunal o el secretario de ponencia de mayor antigüedad.