TIJUANA, B.C.,  19 de junio de 2020.- Al presentar la empresa auditora Fisamex el estatus de otras empresas que han evadido por años el pago del agua y servicio de drenaje -entre ellas el Hipódromo de Agua Caliente que debe más de 36 millones de pesos a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), el gobernador Jaime Bonilla Valdez aseguró que “este gobierno no venderá impunidad” y seguirá con firmeza en la lucha por combatir a las grandes empresas “aguachicoleras” que habían tenido la complicidad de gobiernos anteriores.

Reiteró que no lo atemorizan las “presiones” que pretendan directivos o funcionarios de las grandes empresas, como el Grupo Aeroportuario de Tijuana (concesionario del Aeropuerto Internacional de Tijuana), que han recurrido a sus “contactos” en el Gobierno federal –dicen que hablaron a la Secretaría de Gobernación- para que no les cobren las grandes sumas que han evadido fraudulentamente por consumo de agua y las descargas irregulares de aguas residuales que causan contaminación en Imperial Beach, California.

“No quieren entender que lo que estoy haciendo es porque la ciudadanía lo pide, que paguen lo justo los consumos y los derechos que corresponden por los servicios que reciben y disfrutan para engrandecer sus negocios”; reprobó las acciones de funcionarios del GAP, que “secuestraron” al inspector de COEPRIS, Vladimir Jasso, caso que ya generó dos denuncias, una penal ante la FGE, y otra en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por la intervención de la Guardia Nacional.

Advirtió el mandatario estatal que este gobierno no acepta convenios a las grandes compañías, a las que demandó cumplir con su responsabilidad, por lo cual expresó: “Nosotros tenemos que actuar conforme a la ley; no ha habido un gobierno que los obligue a pagar porque todos se ׳arreglabanʼ, este gobierno no vende impunidad; se han acercado conmigo, para decirme ʻ te pago pero ya no me investiguesʼ y he dicho, paga lo que debes”.

Reafirmó que seguirán las inspecciones para recuperar ese dinero que debe ir al organismo para ser aplicado al mantenimiento, mejoramiento y modernización de la infraestructura hidráulica, para brindar con mayor eficiencia los servicios básicos de agua y drenaje, al pueblo que si paga y cumple con su obligación.

“El agua es esencial para la vida y el desarrollo, no entiendo el descuido de 30 años; nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón, esto es lo que el pueblo no perdona; antes de que entrara el panismo, no se debía nada, ahora recibimos una deuda de 34 mil millones de pesos, de los cuales ya pagamos 5 mil millones “, puntualizó el gobernador Bonilla Valdez en su acostumbrada video-transmisión en vivo.

De igual forma, hizo referencia a la empresa KenMex, instalada en Mexicali, que entregó a la CESPM un cheque por los 34 millones de pesos que adeudaba al organismo operador de agua, “lo que demuestra que si hay grandes compañías que desean regularizarse por su compromiso con la comunidad y por ello mismo, les hago un reconocimiento público”, dijo.

En su intervención, la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, previo a presentar la información concerniente al avance de las auditorías, dio a conocer que ya se presentó una denuncia formal contra el Aeropuerto Internacional de Tijuana por privación ilegal de la libertad y delitos cometidos contra funcionarios públicos, quienes realizaban una inspección sanitaria en el inmueble con la debida autorización para el ingreso.

En este asunto, el gobernador del Estado lamentó que la Guardia Nacional se haya prestado a “congraciarse” con personal de seguridad del aeropuerto, quien a pesar de ser civiles, hayan dado instrucciones para detener a un funcionario de la COEPRIS, que cumplía con su labor y lo retuvieron prácticamente secuestrado, retenido contra su voluntad, por un período de doce horas, en las instalaciones de la Fiscalía General de la República.

De igual forma, la secretaria Vicenta Espinosa, expuso que también se llevarán a cabo las siguientes acciones contra el aeropuerto: Una denuncia de hechos en contra de quienes resulten responsables por cometer delitos contra el ambiente y la gestión ambiental previstos y sancionados por el Código Penal Federal; así mismo, se presentará a la PROFEPA una denuncia en virtud de ser una fuente contaminante de suelos por derrame y descargas de aguas residuales a cuerpos de aguas nacionales.

Con respecto a las auditorías a las “aguachicoleras”, informó que en Tijuana se han revisado 612 cuentas con un monto a cobrar por 1,433 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 429 millones de pesos, además se tienen 31 denuncias penales y 35 carpetas de investigación. 

Dijo que en Mexicali suman 85 cuentas en revisión, 15 ya revisadas, de las cuales se han recuperado 90 millones de pesos; en tanto que, en Ensenada surgió una situación extraordinaria, porque no se localizaron documentos físicos, ni digitales, razón por la cual se tendrán que revisar 9 mil cuentas del organismo operador de agua en esta ciudad.

Por su parte, el director de Fisamex, Ing. Manuel Guerrero, presentó el reporte de las inspecciones físicas de las diez empresas auditadas en la semana reciente, que adeudan en su conjunto un monto de 77 millones 295 mil 759 pesos.

Especificó que en el caso del Hipódromo de Agua Caliente, cuenta con tres concesiones de CONAGUA (pozos) para el abasto de fuentes de abastecimiento, sin embargo, debe contratar ante la comisión la conexión de descargas de drenaje, lo que adolece; y que tan solo por descargas a la red sanitaria adeuda la cantidad de 36 millones 715 mil 656 pesos. 

Las otras compañías auditadas por Fisamex y que les fueron notificados adeudos cuantiosos con la CESPT, son las siguientes:

• Home Depot Vía Rápida: 3 millones 919 mil 954 pesos (agua no contabilizada y derechos de conexión).

• Comercializadora Pepsico México: 3 millones 102 mil 834 pesos (derechos de conexión).

• Schlage de México: 4 millones 474 mil 108 pesos (agua no contabilizada).

• Unitech Foam: 3 millones 367 mil 324 pesos (derechos de conexión)

• Casa Ley: 903 mil 730 pesos (derechos de conexión)

• Hotel Poco Cielo: 532 mil 327 pesos (agua no contabilizada).

• Motel Lago de los Flamingos: 1 millón 042 mil 809 pesos (agua no contabilizada).

• Fisher & Paykel Healthcare: 23 millones 237 mil 013 pesos (derechos de conexión).