TIJUANA, B.C., 31 de julio de 2020.- La Secretaría de la Honestidad y la Función Pública (SHFP) del Gobierno del Estado, informó que este viernes 31 de julio vence el plazo para la presentación de la Declaración Patrimonial, de todos aquellos servidores públicos obligados a cumplir en tiempo y forma con esta responsabilidad.
La titular de la SHFP, Vicenta Espinosa Martínez, precisó que al corte del pasado 30 de julio, a las 7:43 de la noche, de los 8 mil 237 sujetos obligados a cumplir con la declaración, 6 mil 439 trabajadores, es decir, el equivalente al 78%, ya había entregado su documentación, en tiempo y forma.
“Hemos visto la evolución, el día 29 de julio teníamos un faltando del 33% de obligados; ayer (30 de julio a las 7:43) logramos llegar al 21%, en un día, avanzamos 10%; a razón del 100%”, detalló.
Vicenta Espinosa Martínez, dijo que de acuerdo al último párrafo del artículo 108 constitucional y el artículo 32 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, los empleados del gobierno están obligados o sujetos a presentar la evolución de sus bienes materiales durante su desempeño dentro de la función pública.
Recordó que la plataforma de “Declaranet” fue abierta el 1 de mayo y debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 el plazo que debía terminar el 30 de mayo pasado se amplió hasta el 31 de julio en curso, en razón de ello, las autoridades de la Secretaría de Honestidad y el propio gobernador Jaime Bonilla Valdez han señalado que no hubo prórroga.
La funcionaria estatal explicó que los funcionarios que no presenten la declaración patrimonial podrían tener como sanción la separación del cargo, ser inhabilitados para ocupar un puesto público y procedimientos administrativos.
Espinosa Martínez precisó que hay varias carpetas de investigación abiertas por inconsistencias en la declaración patrimonial, y que hasta el momento el 43% de los empleados que fueron requeridos y que no han cumplido fueron amonestados.
Precisó que se han hecho cambios a la Ley de Responsabilidades Administrativas de Baja California, con respecto a la situación patrimonial, ya que de ahora en adelante se va a cotejar la información con el Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPC).
Incluso, la Secretaria abundó la funcionaria, la plataforma de “Declaranet”, tendrá nuevos campos en el llenado de los formatos, y más candados para obtener información fidedigna del declarante. Recientemente el gobierno estatal, signó un convenio con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) Federal, para que se tenga acceso a cuentas bancarias, movimientos y transacciones.
“En este último periodo hay 170 expedientes por diversos asuntos, entre los cuales 32 casos se les han llamado a comparecer por no haber realizado declaración inicial y de conclusión. Hay 90 casos en investigación por irregularidades y 24 auditorías y aclaratorias”, anotó.
La titular de la Secretaría de la Honestidad, comentó que se han realizado convenios con Sindicatura Municipal de Tijuana, Mexicali, Ensenada y Playas de Rosarito, para armonizar la información declarada ya que los ayuntamientos dependen del Estado, y este a su vez de la Federación.
Detalló que en el caso de la Fiscalía General del Estado (FGE), cuenta con sus departamentos autónomos para recibir declaraciones; hay mil 448 empleados de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), de los cuales mil 244 ya entregaron su documentación, solo restan 204 funcionarios pendientes.
Espinosa Martínez, dijo que dos secretarías del Estado han quedado rezagadas en el trámite de la declaración patrimonial, la Secretaría de Salud, que de los 2 mil 4 empleados, solo 804 ya cumplió; lo anterior, se asume a la movilización del personal médico en los hospitales a causa del COVID-19, en la misma situación se encuentra el Colegio de Bachilleres (COBACH) (que depende del Estado) solo 144 funcionarios han presentado su documentación.
Ejemplificó que de los 170 expedientes en investigación, figura el caso de un ex empleado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), que se inhabilitó por 9 años, y otra persona adscrita al CERESO de Tijuana por 3 años y una multa de 102 mil pesos.
En el asunto de las facturas apócrifas en las que están involucrados el ex gobernador Francisco “Kiko” Vega de Lamadrid, su esposa y algunos presta nombres, las investigaciones continúan abiertas, así como adquisición de propiedades que no fueron presentadas.
Sobre el caso de Sergio Antonio Rosete Weben, quien atenderá la dirección de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), en tanto se designa un titular, la funcionaria estatal dijo que se revisará su expediente por si hay algún asunto o procedimiento pendiente.
