• Pide a consejeros no declarar a medios sin previo acuerdo de cada CCDS
• Es privarnos no solo de un derecho, sino de una obligación: José Carmelo Zavala

 Tijuana, B. C. 12 de agosto de 2015.- El haber solicitado a presidentes de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable (CCDS) que, salvo previo acuerdo interno de cada Consejo, se abstengan de dar declaraciones a medios de comunicación a nombre del Consejo, es lo más cercano a una “ley mordaza” que nos priva no solo de un derecho, sino de una obligación.

Así lo remarcó José Carmelo Zavala, presidente del CCDS de Baja California, inconforme con la solicitud de Alberto Rojas Rueda, coordinador del proyecto “Fortalecimiento de la participación ciudadana gobernanza ambiental para la sustentabilidad (2014-2019)”, el cual se deriva del convenio entre el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Semarnat.

Lamentó que Rojas Rueda citara el artículo 49 del Reglamento Interno de los Consejos Consultivos para el Desarrollo Sustentable, para recordarles que es obligación de los consejeros “abstenerse de intervenir a nombre de los consejos, de la Secretaría o del Proyecto PNUD-Semarnat, en eventos o asuntos diversos, sin contar con el mandato o autorización del Consejo correspondiente”, pues de lo contrario podrían ser sujetos a remoción.

José Carmelo Zavala consideró que con esto el coordinador del Proyecto PNUD-Semarnat parece intentar administrar la opinión pública, lo cual va en contra del espíritu mismo de la participación social, puesto que los consejeros son representantes de un sector y están obligados a informar a su sector sobre los acuerdos y avances, pero también de las fallas y omisiones.

Opinó que los temas ambientales deben socializarse, porque requieren y atañen a todos, además de que el mismo Reglamento Interno marca en su artículo sexto: “Los trabajos de los consejos deberán darse a conocer a la opinión pública, a través de los medios disponibles de la Secretaría y de aquellos que acuerden los consejos regionales y núcleos en el ámbito territorial de su competencia”.

“Ya pasaron los tiempos de construir interlocutores a modo para que sean solo un eco de las autoridades, el PNUD no puede ser un organismo que promueva una participación social administrada, su papel es ser un facilitador de recursos y no censurar la opinión, como aquí parece buscar con una lectura torcida del reglamento, sin ver el espíritu de la transparencia y la participación”, enfatizó.

El también director de la asociación Centro de Innovación y Gestión Ambiental (CIGA) insistió en que el papel del presidente de cada CCDS es representar al Consejo, además de que los procesos democráticos con los que cada consejero presidente resulta electo validan esta representación, de tal forma que este organismo de participación social refleja lo heterogéneo de la sociedad.

El trabajo, afirmó José Carmelo Zavala, de los CCDS es voluntario y de fe, los que están en la nómina de la Semarnat son los que cobran para hacer un trabajo, pero con este tipo de “exhortos” están exigiéndole a los consejeros y al trabajo voluntario más pulcritud y buena fe que al trabajo de quienes están en la nómina.

Reiteró que los temas ambientales deben debatirse públicamente y el papel de cada CCDS es aportar al diálogo, pero también señalar lo que está mal, puesto que el mismo presidente de la república, Enrique Peña Nieto, reconoce que recuperar la credibilidad y confianza requiere de la participación social.

“Estamos del mismo lado, el principal papel de los CCDS es que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y sus dependencias hagan un buen papel, pero bajo el entendimiento que tiene el propio titular de la Semarnat, Juan José Guerra Abud, de que el papel de los consejos es decir lo que hace falta”, finalizó.